SON implacables. Los dirigentes de Bruselas están a la que salta, y han dado un aviso al Gobierno español: si no realiza las reformas prometidas tendrá que pagar una multa. No se fijan en los propios errores cometidos desde los más importantes despachos de la UE, el último de ellos ante la crisis chipriota; tampoco cuestionan que con su política de austeridad no han logrado superar la crisis, ni reaccionan ante el hecho evidente de que los países rescatados y por tanto administrados por la troika se encuentren en peor situación que antes del rescate. Nada. Durao, Van Rompuy y compañía ni se plantean la autocrítica y colocan la lupa sobre los gobiernos de los países miembros. Ahora han dado un desagradable toque a Rajoy.

No ha debido sentar bien en La Moncloa, por la reprimenda en sí y también porque hasta el 26 de este mes no se cumple el plazo previsto para presentar las propuestas que quedaban pendientes, y que el Gobierno ya había advertido que tenía en agenda. Pero tampoco ha debido sentar bien el toque porque llega cuando Rajoy se encuentra en una situación de difícil salida ante un asunto que para Bruselas es prioritario: la reforma de las administraciones públicas.

Montoro y su secretario de Estado, Beteta, la han presentado en varias ocasiones, pero pasa el tiempo sin que se lleve al Consejo de Ministros y al Parlamento. Y esa es la reforma que más preocupa a Bruselas, tras la laboral y la financiera ya aprobadas. Sin embargo, Rajoy no parece encontrar el coraje necesario para plantearla aunque hay coincidencia generalizada de que sin ella este país no sale adelante.

El problema es que se han soliviantado los líderes regionales y municipales del PP y, mal que le pese a Rajoy, quedó muy atrás la fecha en la que la autoridad del presidente del partido y de su secretario general eran indiscutibles. Rajoy está volcado en su trabajo de gobierno, y Cospedal no lleva las riendas con la firmeza de sus antecesores, cuyas decisiones nadie cuestionaba; simplemente se aceptaban. No ayuda que sea juez y parte pues, como presidenta de un gobierno autonómico, sus compañeros barones consideran que su punto de vista sobre la reforma de las administraciones públicas no puede ser imparcial y debería situarse más cerca de los presidentes y alcaldes que de Montoro. Y no siempre lo hace, por fidelidad al presidente del partido y del Gobierno.

Rajoy se mueve en dos escenarios hostiles: una UE que quiere resultados ya, y un partido que se resiste a una reforma que hoy es prioritaria para que la UE lo avale.