TARDÓ demasiado el secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, en dimitir de este cargo asumiendo su responsabilidad evidente en el escándalo de financiación que ha acaparado la actualidad andaluza desde que acabó el verano. Pero, ¿qué pasa con los otros responsables de esta crisis que ha llevado a la gran central socialista a su máximo nivel de desprestigio y deslegitimación? Padece hasta problemas de viabilidad financiera por la doble obligación que le imponen los hechos: debe devolver el dinero que una Junta ahora quisquillosa le va a exigir tras revisar las ayudas denunciadas y, sobre todo, tiene que montar un nuevo sistema, transparente y legal, para allegar los recursos que necesita para funcionar.

Los dirigentes que han quedado provisionalmente al frente del sindicato, miembros del equipo de Fernández Sevilla, parecen orientarse en una dirección inequívoca: seguir al mando. Toda su estrategia ante la crisis es netamente lampedusiana: cambiar algo (la cabeza del ex secretario general) para que todo siga igual. Pretenden sustituirle por otro dirigente en el comité regional del 9 de enero evitando el engorro de un congreso extraordinario. Dirigente consensuado entre los que controlan las agrupaciones provinciales y las federaciones sectoriales. Dado que el equipo de Fernández Sevilla ya era continuista del que con Manuel Pastrana dominó UGT-A durante quince años -la etapa en que maduró el tinglado de facturas falsas, ingeniería contable y mal uso de las ayudas del Gobierno andaluz-, lo que se prepara es más de lo mismo. Fernández Sevilla será el chivo expiatorio con cuya caída se trata de acotar los daños y reducir la onda expansiva de la culpa.

Pero lo que UGT necesita es una catarsis. Una autodepuración que acabe con las prácticas ilegítimas, limpie una siglas históricas y devuelva el orgullo a los afiliados de base que se baten el cobre en los tajos y las empresas. Un congreso extraordinario, en suma, que termine con el sindicalismo anquilosado en la subvención y la dependencia del poder político, y termine también con el liderazgo que lo ha hecho posible. Una especie de vuelta a los orígenes. Alguien tiene que dar un paso atrás para que el sindicato que fundó Pablo Iglesias en 1888 dé un paso adelante, y sobreviva a las maniobras que persiguen su desaparición.

Esta crisis podría ser una oportunidad. Da la impresión de que no van por ahí los tiros.