EL cierre de Canal 9, la TV de la Comunidad Valenciana, que tuvo lugar la semana pasada en riguroso directo porque pasó a negro la señal que emitía, me cogió allí, a donde había acudido por razones familiares. Siempre es una mala noticia el cierre de un medio de comunicación, pero es bueno considerar cuáles fueron las causas que abocaron a ello, por si la experiencia sirve de algo. En este caso, el presidente Fabra intentó mediante un ERE recortar una plantilla de más de 1.600 empleados (más numerosa que la suma de las plantillas de las privadas Antena 3, Tele 5, La Sexta y la Cuatro) para dejarla en 800. Rechazado el ERE propuesto y confirmado este rechazo por los tribunales, Fabra tomó la decisión radical del cierre ("prefiero cerrar un plató y no un hospital"), por considerar inviable su continuación. No obstante, habrá que seguir pagando a los 1.600, que disfrutarán de permisos retribuidos hasta que se acuerde el ERE de su extinción, que costará 70 millones más, si se pagan 45 días. Dicen que, primero los políticos del PSOE, con mayoría absoluta 13 años, y luego los del PP, desde hace 18 y, en todo tiempo, los sindicalistas, tomaron la TV, como un cortijo propio colocando a sus recomendados. Sin embargo, sólo pagarán con la ausencia de votos y no tendrán responsabilidades económicas.

Este cierre ha abierto el debate sobre las televisiones autonómicas. No se pone en causa si deben o no existir, porque son necesarias para difundir la lengua, cultura y demás señas de identidad y no se puede depender de que las TV privadas satisfagan necesidades culturales, sino, si un país empobrecido puede permitirse ese lujo. Resulta que en Alemania, Francia, Inglaterra e Italia no hay TV autonómicas, sino que la TV pública realiza desconexiones regionales.

Por supuesto que la oposición ha montado en cólera. Pide elecciones anticipadas y promete el PSOE reabrirla y se presenta el cierre como otra agresión hacia lo público, pero esa televisión tiene una deuda escandalosa y unos niveles ínfimos de audiencia. El tema puede servir para la reflexión de nuestro Canal Sur, con 1.560 puestos de trabajo y un presupuesto de163,7 millones. Ha dicho la presidenta que su gestión es mejorable, pero no pone en causa la necesidad de su existencia, por mucho que nos cuesta a los andaluces (16,4 a cada uno). Es la TV el instrumento más eficaz de propaganda política y bien lo saben, también, los políticos del PP, que cuando no tienen televisión autonómica implantan la local.