POR si quedaba alguna duda, el propio Pedro Sánchez, desde Nueva York, allanó el camino para que se apruebe una amnistía como contrapartida a que los grupos separatistas catalanes le voten en una futura investidura y siga en la Moncloa.

Ya sabemos la tendencia que tiene a los cambios de opinión, eufemismo que empleó en campaña para zafarse de la evidencia de que la mentira es su modus operandi al hacer política. Ahora afirma que “siempre” rechazó que la respuesta al golpe contra la Constitución de 2017 encabezado por Carles Puigdemont se resolviese con “acción judicial”. Seis años atrás el calificó lo que ocurrió en Cataluña como un “delito de rebelión”. ¿Acaso hay otra forma de atajar el delito y pedir cuentas a los delincuentes que no sea mediante el ejercicio del Poder Judicial?

Su giro copernicano anticipa que cederá al chantaje. Incluso Oriol Junqueras y Pere Aragonès, en su competencia con el prófugo Puigdemont, aseguran que ya está pactada la amnistía desde agosto. Sánchez interpreta el resultado electoral como un aval a su política de entrega al independentismo. Ir a elecciones es volver a poner su poder en juego. Y si pierde, se quedaría sin nada. Incluido el mando del partido.

¿Se puede pues impedir de una forma democrática el disparate de reventar las costuras de la Constitución con una amnistía? Todas las respuestas apuntan a una negativa.

La aprobación de la amnistía pondrá en un brete al Rey, que el 3 de octubre de 2017 –como su padre el 23 de febrero de 1981– hizo una defensa inequívoca del orden constitucional que condujo al uso del articulo 155 –con el apoyo activo de Sánchez– y a la querella de la Fiscalía contra los insurgentes que pretendieron acabar con la unidad territorial. El Rey estaría obligado a sancionar esa ley de amnistía, refuntándose a sí mismo y permitiendo subvertir la Constitución.

Quizás, por ello, el único resquicio que hay para impedirlo esté en la mano de Felipe VI. Siguiendo el criterio fijado en agosto para proponer la investidura de Alberto Nuñez Feijóo, si atiende sólo a los votos de los grupos que comparezcan a una segunda ronda de consultas, con idéntico resultado por la incomparecencia de ERC, Junts y EH-Bildu, y cumplida ya su obligación de proponer un candidato conforme al artículo 99, podría renunciar a encargarle a Sánchez la formación del Gobierno, con lo que se activaría la repetición electoral automática. La posibilidad existe, pero su ejecución es remota y extremadamente arriesgada, porque abriría un conflicto institucional sin precedentes que la izquierda y el independentismo utilizaría para deslegitimar a la Corona y a la monarquía parlamentaria constitucional.