EL ALAMBIQUE

Juan Clavero

Paro (II)

EL Ayuntamiento ha promovido en los últimos años, y en suelo público, dos grandes polígonos industriales: Las Salinas de Levante, con 646.744 m2, y las Salinas de Poniente, con 1,6 millones de m2. Si tenemos en cuenta que el casco histórico de El Puerto tiene 1,5 millones de m2, podemos darnos una idea de sus dimensiones. Estos polígonos tienen capacidad para industrias que ocuparan a los 7.382 parados que hay en El Puerto, incluso se necesitaría importar mano de obra. ¿Qué ha pasado? Pues que los responsables de la anterior corporación municipal dilapidaron estos terrenos públicos vendiéndolos a dedo, a bajo precio y sin transparencia a especuladores que después los volvían a revender, o los tienen ociosos a la espera de que se revaloricen. Si se analiza la lista de compradores, aparecen personas muy conocidas vinculadas a esos supuestos "Independientes".

Un terreno que es de todos se debería haber vendido en pública subasta, como estipula la Ley de Contratos, y haberse contemplado no sólo el precio de los terrenos, sino la creación de empleo de cada proyecto industrial y los plazos de ejecución, de forma que transcurrido un tiempo prudencial sin haberse puesto en marcha la empresa, revertieran de nuevo al Ayuntamiento. Pero en esto no habría negocio ni comisiones. Al final, estos polígonos están llenos de almacenes y comercios, que generan muy poco empleo y ocupan una gran cantidad de un suelo muy valioso por su ubicación estratégica.

La Auditoría del Tribunal de Cuentas concluye que Impulsa "no contó con ningún sistema de control de los bienes aportados por el Ayuntamiento que formaban parte del patrimonio municipal de suelo, no habiéndose garantizado la afección establecida por la normativa urbanística, que establece su vinculación a un destino de interés social". El primer destino que prescribe la ley para los suelos municipales, o para los fondos provenientes de su venta, es construir viviendas de protección oficial, de las que sólo se han construido 54 en la última legislatura. Hernán Díaz, Pedro P. Lamadrid y José Gijón han sido los responsables de esta trama que ha ocasionado pérdidas millonarias al Ayuntamiento, y llevado a miles de portuenses al paro. Esperemos que la Justicia los ponga en el sitio que se merecen.

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