UNA  vez pasada la Navidad, en los que su espíritu afortunadamente lo ha inundado todo, y recién estrenado el nuevo año, deseo de corazón lo mejor para todos.

 Dicho esto, como hombre con responsabilidad política, y “responsable”, siento nuevamente el desagradable deber de reconocer que una cosa es mi más ferviente deseo, y otra distinta, la realidad: lo contrario sería negarla y engañar a los ciudadanos, como ha estado haciendo nuestro gobierno, perdiendo un tiempo valiosísimo para salir de esta crisis.

Pero a pesar de soportar continuos errores, cada uno desde nuestra posición tendremos que arrimar el hombro y remar juntos, y no sólo en estas fechas si de verdad queremos salir adelante. Pero no basta con remar todos juntos sino que habrá que hacerlo en la misma dirección. No hay nave que lo consiga sin un buen capitán capaz de aglutinar, y no es esto lo que se está haciendo con negociaciones como las de la financiación autonómica.

Por lo que a nuestro ayuntamiento respecta, en este caso, y a diferencia del gobierno, muy bien comandado, se ha puesto inmediatamente a trabajar, para desde su responsabilidad, contribuir a salir de aquí cuanto antes. No vamos a escatimar esfuerzos a pesar de no compartir ni el empleo, ni la forma con la que se quieren emplear los recursos, lo haremos porque simplemente es nuestro deber ante los ciudadanos, aunque a nadie se le escapa que no es el ayuntamiento, el que nos ha metido en esta crisis, ni el responsable, ni el que cuenta con recursos por sí sólo, para salir de ella.

Nuestra obligación es decirles a los ciudadanos la verdad sobre su magnitud, las consecuencias de las medidas del gobierno, y cuáles son nuestras propuestas, a las que se responde, por aquellos que se atreven a dar clases de democracia, con sandeces como que se pretende boicotear la aplicación de los fondos que para la inversión se van a poner a disposición de los ayuntamientos.

Sin oír, discutir ni aceptar propuestas más imaginativas y eficaces, nuestro gobierno ha decido salir de la crisis, exclusivamente mediante el empleo de fondos públicos. Fondos que en muy pocas semanas han dilapidado los ahorros del estado de muchos años, que los ciudadanos a través de nuestros impuestos tendremos que devolver, que deben ser empleados como si de auténtico oro en paño se tratase, evitando dispendios, maximizando su utilidad y su control.

No es que con esto estemos totalmente en contra de la intervención excepcional del Estado, pero sepan que entre todos tendremos que devolver la inversión en el necesario nuevo Plan de Vivienda, (arranca con una inversión de 10.188 millones de euros), el incremento del endeudamiento del Instituto de Crédito Oficial desde los 12.500 millones previstos en los Presupuestos de 2009 hasta los 27.500 millones, las ayudas a la banca, 8.000 millones para que los ayuntamientos emprendan con carácter urgente determinadas inversiones… todo lo vamos a devolver los ciudadanos, pues supone un bestial aumento de déficit público que habrá que pagar con nuestros impuestos. Respecto a esta última medida, referida a los ayuntamientos, quisiera puntualizar que Cádiz distribuirá este importe con sumo esmero en el mayor número de proyectos posibles, para que así sus beneficios lleguen a todos los estratos sociales, demostrándose una vez más que el gobierno del Partido Popular gobierna para todos los gaditanos.

Como ha dicho la alcaldesa, los proyectos propuestos son obras que estaban garantizadas por el gobierno municipal y que gracias a estos fondos van a poder adelantarse en el tiempo ya que estaban previstas.

Quédese tranquila la dirección del PSOE en Andalucía, cuando afirma que estará muy vigilante de cómo se desarrollan estos programas allí en donde gobierna el PP. Que en Cádiz estos fondos se administrarán con absoluta responsabilidad. Creo que el deber del gobierno, el de todos los andaluces, no sólo es el de vigilar a los Ayuntamientos en los que gobierna el PP.

No hay incoherencia, como han dicho el Sr. Román, portavoz del Grupo Municipal del PSOE, entre que el PP no esté a favor de las ayudas y las esté pidiendo para los municipios. ¿Qué quiere, que no las pidamos? ¿Que Cádiz no pueda beneficiarse de ellas? ¿O lo que quiere es, en otra lección de democracia, que nos callemos y no opinemos? Las vamos a administrar para sacarles el mayor provecho, pero expresar una opinión no coincidente no es boicotear, sino todo lo contrario porque:

Hubiera sido mucho mejor destinarlos a servicios de calidad que ya estamos dando en Cádiz.

Con estas medidas no se reducen los tres millones de parados ni los problemas estructurales de los ayuntamientos, ya que no modifica el sistema de financiación local.

No ayuda a las dificultades de pago de algunos consistorios a sus proveedores, la mayoría pymes, las grandes generadoras de empleo y de paro en épocas de crisis.

El plan no genera empleo estable, es pan para hoy y hambre para mañana.

No crea una línea de crédito del ICO suficiente para que los ayuntamientos puedan pagar sus deudas con las pymes.

No garantiza que los ayuntamientos puedan mantener sus compromisos de gasto social de calidad, máxime cuando se está produciendo, por la crisis, un incremento exponencial de la demanda en estos servicios sociales, como la atención a los mayores y creación de residencias, que son prestados por los ayuntamientos por responsabilidad personal y política y no porque sea competencia local.

En definitiva, perduran los problemas de verdad, los estructurales, sólo se ponen parches, no resuelve la financiación de los ayuntamientos y no cumple este mandato constitucional. Son necesarias profundas reformas, y no puede haber reformas estructurales sin consenso.

Que nuestros mejores deseos para todos, se hagan realidad en 2009.