EL informe PISA, que evalúa las destrezas de los alumnos en el uso de determinadas herramientas y conocimientos, aunque no el sistema educativo en su conjunto, muestra, en su clasificación correspondiente a 2012, que la enseñanza en España mejora levemente, pero no progresa en la medida de las necesidades de un país próspero y las exigencias de una sociedad desarrollada. Este informe de 2012, en efecto, refleja que los estudiantes españoles obtienen una media de 484 puntos en competencia matemática (483 en 2009) frente a los 494 de la media de países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE); una media de 496 en ciencias (501 en la OCDE) y 488 en comprensión lectora, frente a 496 de la OCDE. En resumidas cuentas, se ha producido una mejora leve en lectura y ciencias, y un estancamiento en matemáticas. O lo que es lo mismo, un progreso insuficiente, que nos sitúa en el puesto 25 de los 34 que se evalúan de la citada asociación económica. Si bien el informe PISA no es un dogma de fe y son numerosos los expertos que cuestionan su fiabilidad, sí tiene un valor indicativo de las fortalezas y debilidades de los distintos sistemas de enseñanza. En el caso de España el informe refleja que el sistema obtiene buenos resultados en cuanto a garantías de equidad social en su acceso y desarrollo, aunque no en el nivel de conocimientos alcanzado por los jóvenes estudiantes. Andalucía, pese a algunos avances notables, sigue ubicada a la cola de los tres parámetros examinados dentro de España, junto a Baleares, Murcia y Extremadura, calculándose que su distancia con respecto a las comunidades más punteras equivale a casi un curso escolar de retraso. No es una situación que permita ninguna clase de autocomplacencia. Todo lo contrario: se impone una seria reflexión y un amplio debate, alejado en lo posible de las connotaciones políticas, sobre el estado actual de nuestro sistema de enseñanza. La trayectoria de los países y las regiones que están a la cabeza del informe PISA invita a poner el énfasis en cuestiones como la apuesta inversora por la educación, la selección y formación del profesorado, la búsqueda de la excelencia, la evaluación constante de la marcha de los alumnos y la implicación de las familias en la educación de los niños y adolescentes. Precisamente España acaba de perder una gran oportunidad de mejorar de raíz su calidad educativa, al haberse aprobado una nueva ley, la Lomce, sin que ni el Gobierno ni la oposición hayan sido capaces de consensuar un mínimo de planes y medidas duraderas encaminadas a sacarnos de la parte baja de la tabla y afrontar el próximo informe PISA con optimismo.