UNA vez más reaparece el pendulazo como seña de identidad de nuestro comportamiento colectivo. De cerrar los ojos ante el maltrato sistemático de algunos padres a sus hijos, como si fueran de su propiedad, hemos pasado a la sobreprotección irracional a la infancia, más allá del derecho paternal -y también del deber- a la corrección de las conductas inapropiadas de las criaturas.

Un juzgado penal de Jaén ha condenado a una vecina de Pozo Alcón a 45 días de prisión y a un año de alejamiento de su hijo por haberle golpeado en el transcurso de una riña familiar. La mujer comenzó a reñir al niño -de diez años y con un carácter conflictivo, según la sentencia- por no haber hecho los deberes escolares, el crío le tiró una zapatilla y se escondió en el cuarto de baño, en donde la madre forcejeó con él, le agarró por el cuello y le dio una bofetada. La mala suerte hizo que el chaval se golpease con el lavabo y sangrase por la nariz. Las huellas de la agresión fueron detectadas por un profesor en el colegio, que cursó la correspondiente denuncia.

Esta condena no se entiende más que en el contexto de la corrección política que nos invade, que es el reverso de la injusta situación anterior, cuando se consideraba normal el apaleamiento de los niños por sus padres a condición de que ocurriera dentro del hogar, territorio exento en el que estaba permitida la esclavización y la dictadura de los adultos. Hoy estamos en el extremo contrario: una reforma, presuntamente progresista, del Código Civil anuló la posibilidad de que los padres corrijan "moderada y razonablemente" a sus hijos y puso el énfasis en el respeto a la integridad física y psicológica de éstos.

Es un énfasis plenamente suscribible, pero que si no se aplica atendiendo a las circunstancias de cada caso conduce al disparate. El maltrato está prohibido, y así debe seguir. Ahora bien, la sentencia del juez de Jaén no distingue, y hace mal, entre una bofetada en el transcurso de una riña acalorada, con desobediencia y lanzamiento de zapatilla previos, y una situación de malos tratos punibles, que requieren continuidad y alevosía, ante la que la Justicia debe ser intolerante y ejemplar.

Es disparatada la condena de Jaén, como digo, por partida triple. Castiga a la familia entera a la dispersión física durante un año por un incidente al que se le da categoría objetiva de tortura, trata a la madre como a una delincuente merecedora de cárcel y envía al niño conflictivo un mensaje demoledor, incluso para él y para su futuro: sé conflictivo y responde a las regañinas lanzando zapatillas que como se les ocurra a tus padres darte una torta se les habrá caído el pelo. ¿Cómo será este chico creciendo bajo la escala de valores imperante y con nada menos que la Justicia diciéndole que es una víctima? Miedo da pensarlo.

ES de no creer. El mundo está como está, mal, muy mal, con una crisis económica que coloca en una situación insostenible a millones de personas, más un terrorismo que no cesa, y aquí estamos tomando decisiones que obligan a llevarse las manos a la cabeza. Porque se trata de auténticas barbaridades.

Una madre pega un grito a su hijo de diez años porque no hace los deberes, el hijo le tira una zapatilla, la madre le pega una bofetada y el niño se da contra un lavabo y sangra un poco por la nariz. El profesor de la criatura denuncia a la madre, se celebra un juicio rápido y un juez supuestamente muy justo condena a la madre a 45 días de prisión y un año de alejamiento de su hijo, al que no puede acercarse a menos de 500 metros. ¿Es que no hay ningún asunto serio que resolver en la Justicia como para que venga un juez salido de no se puede nadie explicar dónde, y tome una decisión tan absolutamente disparatada? Para echarse a temblar, si esa es la justicia que se imparte en este país.

Pero hay más asuntos que provocan espanto. Para elegir al nuevo rector de la Universidad del País Vasco se ha permitido la utilización de un documento de identidad ilegal, el famoso DNI vasco, y nadie se ha rasgado las vestiduras. Y ha sido elegido -como no podía ser menos, visto el desarrollo de la elección- el hermano de la abogada más conocida de ETA, Jone Goiricelaia, que además es miembro de la Mesa Nacional de Batasuna. Su hermano Iñaki se mueve en las mismas esferas y lleva como punto fundamental de su programa la posibilidad de que los presos etarras que cumplen condena en España puedan cursar estudios en esa Universidad. Con importantes privilegios, como ocurre con los que cumplen condena en Francia, que ya podían estudiar en la UPV. Esas son las consecuencias de haber hecho ciertas transferencias, y no hay más que ver lo que ocurre con la educación en las comunidades gobernadas por nacionalistas. Pero la ministra del ramo, Elena Espinosa, responsable de Administraciones Públicas, ya ha dicho algo que roza también la barbaridad: los ayuntamientos gobernados por ANV no serán excluidos de las ayudas económicas decretadas por el Gobierno. Dice que no hay forma de justificar legalmente la exclusión, pero nadie cree que un Gobierno democrático no tenga resortes para impedir que su dinero, el dinero de todos, llegue a organizaciones vinculadas a una banda terrorista, que es lo que hacen los ayuntamientos de ANV con el dinero que manejan.

Más: amas de casa de Baleares contratan delincuentes para que les hagan la compra, para que roben en el supermercado. Y aún más: el alcalde de Getafe ha dicho otra barbaridad y, aunque está pidiendo perdón por todas partes, en el PP anuncian que sus ayuntamientos abandonarán la FMP, que él preside, si no dimite del cargo. Pésima reacción que merece ser revisada.