LA actual crisis económica ha motivado la actuación del gobierno de la nación en una serie de campos económicos y sociales, lo que ha determinado una batería de reformas legislativas sin precedentes con la excusa de que Europa nos lo demanda. O esto o el rescate.

El objetivo de estas reformas aplicadas con mayor o menor acierto no es otro que: incrementar los ingresos fiscales, impulsar el crecimiento económico, crear puestos de trabajo y reducir el desempleo y alcanzar la estabilidad presupuestaria y reducir el déficit público.

Aun siendo necesarias, todas estas medidas en el ecuador de la legislatura se ha demostrado que son de todo punto insuficientes para alcanzar los objetivos apuntados. Debemos explorar otros campos desde la apremiante necesidad de hacer propuestas alternativas a las ya conocidas para incrementar la recaudación fiscal e impulsar el crecimiento económico que permita reducir el desempleo y cumplir con los compromisos de déficit público de la Unión Europea.

El compromiso de estabilidad presupuestaria recientemente incluido en la Carta Magna solo tendrá bases firmes si al mismo tiempo se adopta un compromiso global del arco parlamentario para reducir el fraude, fiscal y laboral, y la economía sumergida.

La ecuación de la estabilidad presupuestaria tiene dos exigencias insoslayables: conseguir que los ingresos públicos sean fácilmente previsibles y mantengan un alto grado de estabilidad en el tiempo y la necesidad de ajustar los gastos públicos a las cifras de ingresos reales. Mientras no actuemos decidida y seriamente sobre este lado de la ecuación -las fuentes que generan los ingresos públicos- nos veremos obligados a actuar exclusivamente sobre las partidas de gasto y realizar dolorosos recortes en servicios y necesidades esenciales, con efectos socialmente indeseables. El objetivo de estabilidad deberá implicar una vigilancia exhaustiva sobre ambas partidas, dado que constituyen componentes indisociables de la consecución de un mismo objetivo, realista y realizable, de estabilidad presupuestaria con vocación de permanencia. Estoy convencido que resulta factible un incremento a corto y medio plazo de los ingresos fiscales en nuestro país, actuando preferentemente sobre el fraude fiscal y laboral, sin necesidad de subir los impuestos y exigir nuevos sacrificios a los ciudadanos. Coincidiendo plenamente con lo manifestado en el Informe sobre la economía sumergida y fraude fiscal elaborado por los Técnicos Tributarios de GESTHA.

Este incremento de ingresos fiscales es el factor clave que puede aportar soluciones a los principales problemas del país, porque permitirá un mayor crecimiento económico cuyo primer efecto será reducir el elevado nivel de desempleo, a la vez que evitará hacer recortes en servicios sociales básicos, como sanidad, educación y dependencia.

Asimismo permitirá cumplir con desahogo los objetivos de déficit público de nuestro país en los próximos años.

Mantengo la firme convicción de que una mejora en la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida es condición necesaria e imprescindible para conseguir que las medidas de reforma fiscal o modificaciones de impuestos que pudieran plantearse en el futuro alcancen los resultados esperados. La pretensión de aumentar la recaudación fiscal, mediante medidas legislativas de impulso económico o eventuales aumentos o reducciones de impuestos, no alcanzará los efectos deseados en tanto no se consiga, de forma inaplazable, una mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal que deberá ir acompañada, en paralelo, de un aumento de conciencia fiscal de un cierto sector de contribuyentes incumplidores de sus obligaciones fiscales.