Hace unos días, el Banco de España presentó su informe sobre las consecuencias producidas por la decisión del Gobierno de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional en 2019. En él, afirma que esa histórica subida (del 22%) se cobró una factura aproximada de entre 100.000 y 180.000 puestos de trabajo, sumando los empleos destruidos y las contrataciones no realizadas. El estudio del supervisor, basado en vidas laborales reales, concluye que tal incremento supuso "un mayor impacto adverso sobre el empleo de los colectivos de mayor edad y una reducción más acusada de las horas trabajadas y del flujo de creación de empleo para los jóvenes".

Nada que no fuera esperable. Numerosos expertos ya avisaron entonces de sus posibles efectos gravosos, no tanto por el aumento en sí, como por la falta de un análisis detallado sobre su cuantía y por la ausencia de un calendario cauto y consensuado que redujera previsibles distorsiones. Exactamente lo mismo que nos acaba de reprochar, el pasado 27 de mayo, la OCDE.

Las prisas del Gobierno, la prevalencia del criterio político sobre el económico, la tentación populista de implantar cambios raudos y espectaculares, olvidó -quizá despreció- los inconvenientes de una modificación tan radical en segmentos laborales especialmente sensibles.

No ignoro las ventajas de subir el SMI (incrementa la equidad; disminuye el gasto del Estado en ayudas y subvenciones; produce una mayor valoración de la mano de obra que, al cabo, mejora la productividad; y, en la medida en que agranda el poder adquisitivo global, colabora en acelerar la recuperación económica). Tampoco sus desventajas: perjudica a las pequeñas empresas (determinantes en España); por desgracia, incentiva la economía sumergida; incide negativamente, como hemos visto, en la empleabilidad de jóvenes y mayores; y, si no es capaz de aumentar la masa salarial total, no soluciona el problema de la desigualdad en la riqueza.

Ahora que se está reactivando el debate sobre el SMI de este 2021, no se deberían cometer viejos errores. Claro que hay que acrecentar la retribución de nuestros trabajadores, es un imperativo de justicia. Pero hagámoslo sin dejar cadáveres en la cuneta, con sensatez, elaborando estrategias a largo plazo encaminadas a optimizar nuestro modelo productivo. Despacito y con buena letra, que, como enseñara Antonio Machado en sus Proverbios y Cantares, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas.

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