UN viejo conocido de la política española, el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Defensa Narcís Serra, ha resucitado a la vida pública de la peor manera posible: acusado por la Fiscalía Anticorrupción de un delito de administración desleal de Catalunya Caixa, una entidad que tuvo que ser rescatada por el Estado con 12.000 millones de euros para salvarla de la ruina a la que la llevaban sus gestores.

No estará solo si el juez acaba sentándole en el banquillo, sino en la fraternal compañía de más de medio centenar de miembros del consejo de administración de la segunda caja catalana. Todos ellos -con excepción de una única consejera, que está pidiendo a gritos un monumento a la decencia- acordaron mejoras en los salarios, indemnizaciones y planes de pensiones de los más altos ejecutivos cuando Catalunya Caixa entraba en pérdidas y empezaba a recibir dinero de los contribuyentes. El propio Serra percibió un millón de euros entre 2007 y 2010 a pesar de que, como él mismo confesó en el Parlamento catalán, era presidente no ejecutivo y sólo ejercía labores de representación.

Vamos, que cobraba por figurar o, si se quiere, en calidad de político áureamente jubilado y nombrado en representación de su partido (socialista catalán). Nada diferente de lo que sucedió en otras cajas de ahorro nacionales desde que el poder político de sus respectivos territorios decidió asaltarlas con un doble objetivo: ponerlas al servicio de su política económica y convertirlas en oficinas de colocación para militantes en vías de retirada o sin hueco en los abrevaderos institucionales clásicos.

El caso de Catalunya Caixa es paradigmático. Durante la burbuja se dedicó a dar créditos a los clientes que ningún otro bando se arriesgaba a financiar y en 2010, cuando se fusionó con otras dos cajas catalanas, llegó a controlar más de cuarenta sociedades inmobiliarias. Pero si grave es gestionar una entidad financiera sin la menor profesionalidad y con la mayor frivolidad, más grave es seguir llenándose los bolsillos cuando se conoce que se está haciendo perder sus ahorros a los confiados usuarios, que se han pedido fondos públicos para sanear las cuentas y que el futuro más probable es la intervención.

Equivocarse gestionando un banco puede tener explicaciones y atenuantes. Subirse el sueldo mientras se le arruina no tiene atenuante ninguno y sí una explicación: la codicia delictiva.