HACE tiempo que el nacionalismo catalán viene mostrando la pretensiónpropia de cualquier nacionalismo,que es segregar una parte del territorio del Estado para establecer otro en ella.Cuando,como hoy nos sucede, esa pretensión se transforma en exigencia, tenemos servido un conflicto entre posturas inconciliables, pues secesión y unidad nacional son términos incompatibles; yel problema, o bien se enquista en esa interminable conllevanza de que hablaba Ortega, o termina por resolverse con la victoria de una posición y la derrota de la contraria. El asunto, en lo que tiene de enfrentamiento de posturas contrapuestas, ciertamente no en sus causas,se parece al que se da entre palestinos e israelíes: dos pretensiones de soberanía sobre un mismo territorio; en nuestro caso, solo sobre una parte de él.

Tras el acto del 9-N, no es infrecuente oír a políticos, periodistas, e incluso a jueces y fiscales, que si estamos ante un problema de naturaleza política, política habría de ser la solución que habría que arbitrar; Se propone así la vía del diálogo entre las partes enfrentadas. Ciertamente, el diálogo puede ser necesario para analizar las causas del fenómeno separatista (transferencias en materia educativa, visión interesada de determinados acontecimientos históricos, deseo de limitar la solidaridad interterritorial, u otras); tambiénpara examinar si Cataluña se encuentra discriminada respecto del resto de España, tanto en la distribución de las inversiones públicas como en el reconocimiento de sus peculiaridades, sobre todo de las lingüísticas; o si son los no nacionalistas quienes se encuentran incómodos en aquel territorio, especialmente en la misma materia del uso de las lenguas. Se podría también en ese diálogo acordar una política tendente a eliminar malentendidos y asperezas, ya poner sobre la mesa las consecuencias de la secesión. No parece que con esa apelación al diálogo se esté insinuando la necesidad de una reforma constitucional que posibilite ese proceso de desintegración de la unidad nacional, propio de los tiempos de decadencia, según el filósofo que antes citaba.

Si con la solución de los contenciosos que en estos ámbitos pudieran descubrirse, las posturas permanecieran inalterables, hay otra posible vía, la de las concesiones. Pero ya se sabe que ceder va en perjuicio de las demás autonomías, y no consigue otra cosa que aplazar el problema de fondo; que, a tenor de lo indicado, sólo podría resolverse en términos de victoria y derrota. Como nadie desea, evidentemente, el uso de la violencia, la cuestión se tendría que resolverjurídicamente, por los órganos del Estado encargados de dirimir controversias, los tribunales de justicia, sin excluir la aplicación de los preceptos de carácter penal. Es lo propio de un Estado de Derecho.