SUPONGAMOS por un momento que convenimos que Rodríguez Zapatero fue quien en verdad mató a Manolete y no el toro de nombre Islero. A buen seguro que los siete jinetes mediáticos y apocalípticos se sacan de la manga una teoría de la conspiración que sitúa al leonés en la escena del crimen aunque fuera en espíritu en el interior de una mochila con albero y cloratita. Supongamos también por un momento que acordamos que el PP va a ganar todas las elecciones de aquí hasta el 2012, incluida la de la comunidad de vecinos de Rajoy. Las encuestas, desde luego, apuntan a ello hasta en Andalucía, donde Javier Arenas puede alcanzar la mayoría absoluta sin despeinarse gracias al pestilente caso de los ERE. Pero mientras la tauromaquia baja al infierno a Rodríguez Zapatero, quitándolo definitivamente de circulación y facilitando la sucesión en el PSOE, y mientras los españoles confirman en las urnas la debacle socialista y la gloriosa victoria del PP, algo habrá que hacer con España, ¿no? Parece lógico, por ejemplo, que el Gobierno se ocupe de dar respuestas al aumento del precio del petróleo por la inestabilidad en los países del norte de África y, en especial, en Libia. Sobre todo, si tenemos en cuenta que España no tiene ni petróleo ni gas y estas dos fuentes de energía representan el 70% del consumo nacional. Más si sabemos que el aumento de diez euros en el precio del barril tiene un coste para la economía española de 6.000 millones de euros anuales. Aunque ahora mismo no existe riesgo de desabastecimiento, si la mecha de las revueltas actuales prende en países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, grandes productores de petróleo -Libia solo concentra el 3%- , se puede liar la mundial. Por todo eso, no entiendo que el PP critique el plan de ahorro energético del Gobierno para paliar los efectos de la subida del petróleo -en especial, la reducción del límite de velocidad hasta los 110 kilómetros por hora- cuando estoy convencido de que, en el caso de tocar de nuevo pelo, tomaría decisiones similares, renunciando a la deriva irresponsable y demagógica en la que se ha embarcado en su estrategia de 'cuanto peor, mejor'. Cabe recordar que, ante unas circunstancias mucho menos graves -el barril costaba entonces diez euros y ahora está en 82-, el Gobierno de José María Aznar sacó adelante en 1998 la Ley de Hidrocarburos, que contemplaba no solo limitar la velocidad máxima en las carreteras sino reducir la circulación de vehículos o intervenir los precios de venta al público de los combustibles. ¿Un paquete de ocurrencias?