EL juez que instruye la rama valenciana del caso Gürtel, una vez le fue remitida al Tribunal Superior de dicha comunidad por Baltasar Garzón, ha ratificado la existencia de indicios racionales de delito en la actuación del presidente, Francisco Camps, dos altos cargos de la Generalitat y el portavoz parlamentario y secretario general del PP, Ricardo Costa. A pesar de la insistencia de Camps en declararse inocente y la defensa cerrada que de él hace el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, el magistrado ha dictado un auto rechazando el archivo de la causa y citando a las partes la semana próxima, porque ha encontrado en las diligencias practicadas indicios de los hechos denunciados. Mejor dicho, de algunos hechos denunciados: los supuestos regalos de trajes y otros objetos recibidos por Camps y sus colaboradores y pagados por representantes de la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa, un empresario que durante años fue contratado por el PP para organizar actos y campañas y tejió una red de intereses con cargos públicos y miembros de este partido en Madrid y la Comunidad Valenciana. Los indicios se basan en testimonios directos, documentación obtenida en las empresas de Correa y conversaciones telefónicas intervenidas. Por el contrario, el juez no ha hallado datos que sustenten las sospechas sobre financiación ilegal del PP ni tráfico de influencias. Esto reduce considerablemente la posible consideración penal de la actuación de Francisco Camps. De hecho, el delito de cohecho, recogido en el artículo 426 del Código Penal para la autoridad o funcionario público que reciba dádivas por realizar actos no prohibidos legalmente o por su propia función, está castigado con multa de entre tres y seis meses. Si no hay tráfico de influencias, ni malversación ni financiación ilegal, la entidad política de este caso, en su rama valenciana, puede estimarse menor. Eso no quiere decir que Camps haya actuado correctamente. A la autoridad se le exige precisamente un control estricto de sus relaciones, contactos y pagos. El PP nacional, por su parte, sigue respaldándolo totalmente, aunque a otros cargos públicos de Madrid se les obligó a dimitir. Ninguno era, por supuesto, presidente de comunidad.