El Palillero

Actividades en la Cárcel

Conviene que sea regulada claramente la cesión de las salas y los edificios municipales en Cádiz

En el caso de la denuncia contra David Navarro, no se puede decir que el PP haya apoyado a Podemos, sino que ha optado por el sentido común. La denuncia de Ciudadanos por la supuesta prevaricación y malversación de fondos en la Casa de Iberoamérica (antigua Cárcel Real), sin entrar en las formas, se desajusta en la esencia: no tiene en cuenta la realidad gaditana. El candidato del PP, Juancho Ortiz, conoce bien ese edificio. Pensar que la sociedad de Cádiz 2012 dejó de percibir 116.039 euros, por no cobrar las cesiones a las entidades que organizaron actos allí, suena a utopía. Aquí todo se cede gratis, o no se hace ni qué.

También ocurre que los de Podemos no dominan los trámites legales, y por eso les han puesto denuncias y les han tirado pagos para atrás. Estoy de acuerdo con la tesis de Ciudadanos, en el sentido planteado por Juanma Pérez Dorao, de que hay que cumplir la obligación legal. La ley es para todos. Pero el concepto básico de este asunto no es delictivo. Y si valoran cantidades no percibidas, estamos jugando a la ciencia ficción. En Cádiz sólo hay dos opciones a la hora de organizar ciertos actos: o gratis, o nada.

También está la lógica. Para la antigua Cárcel Real (que ha perdido casi todas sus actividades iberoamericanas) es mejor organizar algo que tenerla mohosa. Puede que algunas cesiones se hicieran a colectivos de colegas de Podemos y Unidos que usaron el edificio donde estuvo preso Fermín Salvochea para charlas en familia. Pero si se distraen con eso, se comprende.

A pesar de lo anterior, la judicialización sí que tiene sentido en otros casos. Es legítimo que haya denuncias en casos como el de Loreto, donde han acusado de envenenar a sabiendas; o en otros, como el de las viviendas, o el de los chiringuitos. Puede que el alcalde y algún concejal salgan malparados de esos casos, ya se verá. Hay que calibrar las formas y el fondo de las denuncias.

No obstante, el caso de la supuesta prevaricación y malversación de David Navarro debe tener consecuencias. Conviene que sea regulada claramente la cesión de las salas y los edificios municipales. En algunos casos, como el Palacio de Congresos, no puede funcionar el gratis total, porque es un negocio público. Pero en otros espacios no se puede cobrar a colectivos de la cultura gaditana que viven casi en la indigencia.

En caso contrario, cualquier día nos encontraremos a un académico ingresando en la fuente de la plaza de las Tortugas, o un concierto de música de cámara en los bajos del balneario de la Palma. Esto es Cádiz…

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