Misión imposible

La degradación de la sanidad pública está llegando a un límite insoportable. Llevo un mes intentando una cita con mi médico de familia, y no hay forma. Si es por teléfono, te indican que mejor por la App, pero si insistes, y tras mucha espera, te termina por atender una persona que te informa de que no hay citas disponibles, que llames más adelante. Si abres la App, me indica que “Se ha producido un error. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde”; incluso me ha aparecido en inglés, ¡un nivel que tiene el SAS! Ya harto me he ido al Centro de Salud, en el que me ratifican que no hay citas disponibles, ni presencial ni telefónica. Que cuando se abra la agenda, lo intente de nuevo.

O sea, que no hay forma de ver ni hablar con el médico de familia. La única opción que te dan es ir a urgencias, pero no tengo ninguna urgencia, ni creo ético colapsar las urgencias con perjuicio de quien verdaderamente las necesitan. Pero que no sea urgente no quiere decir que no sea necesaria la atención médica; si se demora indefinidamente una dolencia puede terminar agravándose.

Relleno la correspondiente hoja de reclamaciones, como ya he hecho tantas veces antes, y a esperar a que me responsan del SAS que ha sido un suceso puntual y que la sanidad funciona perfectamente.

Cada vez que viene por Cádiz la señora consejera de Salud y asegura que el tiempo medio de espera en atención primaria es de 3 o 4 días, me sube la tensión. Seguro que al día siguiente hay más personas mayores demandando ansiolíticos, pero como no le darán cita, pues nada, no constará el efecto de tanta falta de vergüenza sobre la población en espera de atención médica. Y del especialista, mejor dejarlo para otro día. O la consejera es una ignorante, o nos miente con descaro, o nunca ha solicitado ser atendida en la sanidad pública; tendrá su seguro privado. Por todo eso, se debería cesar, como con su antecesora.

El PSOE comenzó la privatización de la sanidad con los conciertos con empresas privadas. El PP está potenciando estos conciertos asignando más y más dinero público a contratos -muchos de ellos al parecer ilegales, a dedo- con empresas privadas para que suplan a una sanidad pública cada vez más descapitalizada de personas y medios, en una estrategia tan silenciosa como demoledora.