Hace más de un año, en julio de 2020, llevamos por primera vez al Pleno Municipal la regulación de los Apartamentos Turísticos y las Viviendas con Fines Turísticos. Explicamos que con esa modificación del PGOU conseguíamos poner en marcha un escudo social para que los vecinos y vecinas de Cádiz pudieran defenderse de la especulación inmobiliaria que intenta ahora convertir todos los hogares en viviendas con fines turísticos.

Lo llevamos tras largos meses de negociación con el PSOE. Lo llevamos con la esperanza de que entendieran que en Cádiz la escasez de suelo es un problema añadido y que si las fincas de toda la vida se convierten en pisos turísticos, los gaditanos y gaditanas sólo tendrán una salida: marcharse.

Sin embargo, la oposición en bloque votó en contra. Argumentaron, principalmente, que no era el momento, que por la pandemia se había frenado el turismo y que no había que ponerle coto, sino barra libre. Advertimos entonces de que el problema crecería, de que cada vez iría a más, de que los barrios podrían convertirse en parques temáticos haciendo imposible el día a día. El tiempo nos ha dado la razón.

Según las últimas cifras, las viviendas turísticas superan ya las 9.000 camas en Cádiz. Hasta 1.930 alojamientos de este tipo se encuentran inscritos en la capital. Un aumento, en apenas mes y medio, de 400 plazas. Camas, plazas y viviendas que no nacen de la nada, sino que crecen a costa de los hogares, de los patios de vecinos y del derecho a la ciudad.

Hemos vivido un verano en el que el desborde incontrolado del turismo ha generado situaciones difíciles a las que los gaditanos no estábamos acostumbrados. Hemos sufrido las consecuencias de una actividad desbordada y descontrolada. Lo hemos sufrido, y resulta que ahora existen aún más apartamentos que en los meses anteriores, así que imaginen lo que viene. ¿Es eso lo que queremos? ¿Entienden la conveniencia de regular el fenómeno turístico?

Ya no sólo se trata de la identidad, que se encuentra en juego, no sólo se trata de permanecer en los lugares de toda la vida; no sólo se trata, en definitiva, de que Cádiz siga siendo Cádiz, sino que se encuentra en juego el presente, el futuro y el derecho a ciudad.

Porque el fondo es el mismo, aunque las formas sean diferentes. Porque los promotores de afuera que ahora suben el precio del alquiler -hasta alcanzar los prohibitivo- para el expulsar del hogar y montar allí un alojamiento turístico son los asustaviejas que engañaron a nuestros abuelos. Sólo que ahora visten corbata y tienen el acento fino de la meseta. Y eso, miren ustedes, no genera riqueza, sólo llena los bolsillos de unos pocos a costa de la precariedad de muchos.

Queremos turismo sostenible, queremos vivienda digna, queremos alquileres accesibles, queremos que los gaditanos y gaditanas no tengan que irse. Lo queremos todo. Y eso pasa por impulsar mecanismos de convivencia.

Por eso, volveremos a llevar al Pleno la moratoria y la regulación de los Apartamentos Turísticos. Para que el suelo residencial se destine a la vida, y para que el suelo hotelero tenga este fin. Por eso, volvemos a explicar que no queremos ser lo que nos imponen: el chiringuito de Europa, un Cádiz resort, con pulsera y todo incluido, sino que queremos dignidad, empleo estable y vivir en nuestra ciudad no como privilegio, sino como derecho.

Decía Antonio Machado: "Los que más invocaban la Patria la estaban vendiendo". Y Cádiz, ¿saben qué?, no está en venta.