Asesores

Estoy perplejo ante la investigación que lleva a cabo un polémico juez por el presunto uso de una empleada de Moncloa para mandar un correo electrónico solicitando financiación para un máster que codirigía la esposa del presidente del gobierno. Puede ser censurable, pero si esto es delictivo, la inmensa mayoría de los políticos estarían en la cárcel. Es normal que los políticos utilicen a los miles de asesores que existen, pagados con dinero público, para actividades partidistas, cuando no puramente personales.

A la administración pública puede accederse por dos sistemas. Por oposiciones, bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad; o por contratos laborales, que tienen que basarse en principios de trasparencia de las bolsas de trabajo. Pero los políticos, de todos los signos, se han inventado una tercera vía, de del asesor, que sólo tiene que cumplir dos criterios: ser del partido y lealtad al supuesto asesorado. Se supone que los asesores son expertos en alguna temática, pero para ser contratados no se les exige titulación, ni experiencia, ni especialización alguna.

Normalmente se utilizan los puestos de asesores para colocar políticos descabalgados de sus cargos, premiar a los leales o colocar a miembros del partido sin oficio conocido.

El Puerto es buen ejemplo, 15 asesores con conocimientos desconocidos que se dedican a intoxicar las redes sociales hiper dimensionando los supuestos logros de Beardo, cuando no a difundir bulos en favor del amado jefe. Y lo pagamos con nuestro dinero: 630.000 euros al año. Y ningún juez lo investiga. Como se ve, nada que ver con el coste de una asesora de la esposa del presidente del gobierno, que todas las consortes de los presidentes han tenido.

Pero hay más, también se utilizan a cargos nombrados a dedo, como los gerentes de empresas municipales y algunos jefes de servicio, para hacer trabajo para el PP y Beardo. A Caraballo le pagábamos 70.000 euros al año como jefe de servicio de Medio Ambiente. Pero en vez de trabajar para mejorar nuestro medio ambiente, se dedicaba a conspirar a favor del que presumía caballo ganador. Ningún juez lo ha investigado. Y el gerente de El Puerto Global, lo mismo.

Ojalá se investigara todo el uso partidista y privativo que hacen los políticos del personal pagado con dinero público.