Alquileres siglo XXI

El problema de la vivienda es una verdadera pesadilla, frente a los alegatos de no existir oferta, tenemos la cruda realidad. Hay viviendas suficientes en España, el problema es otro. Por un lado, tenemos la masificación en determinadas zonas, lo cual deja ciudades, no ya pueblos pequeños, sino ciudades en las que no interesa vivir. Zonas que pierden atractivo y que dejan de ser rentables. Pero ese no es el mayor de los problemas. Sin señalar ninguno en concreto, actualmente en España los desahucios desde hace algunos años son impensables para personas vulnerables. Eso genera un miedo y desconfianza en el mercado que eleva los precios, buscando a quien pueda pagar, dispara las garantías que se exigen, e igualmente dispara el preferir tener cerrada una casa que alquilarla sin seguridad jurídica.

Lo que puede parecer una norma socialmente correcta es una trampa mortal. Si la persona que ocupa la vivienda deviene en peor fortuna, tiene mala suerte, es lógico que se la proteja, pero ¿quién debe protegerla, el Estado o el dueño de la casa?. Nuestra actual ineptocracia tiró de ingenio, y ante estas situaciones, blinda al inquilino moroso, no se le puede expulsar de la casa, si el Ayuntamiento u otro organismo certifica su vulnerabilidad. Ante esta situación, se ordena un desahucio vacío, que no se lleva a cabo, en la práctica, en mucho tiempo, y así estamos desde el 2020… y seguimos.

Esta perjudicial medida que afecta a otros derechos encuentra su respuesta en que se obliga al propio Ayuntamiento a buscar una solución habitacional en el plazo de tres meses, una solución que ni pueden asumir, ni se lleva a la práctica por inexistencia de mecanismos. El discurso está servido, el dueño de una propiedad, en las más de las ocasiones. a pesar de los limites temporales legales, se ve sin acceso a su propiedad y sin dinero, el inquilino, cubre sus necesidades, y el Estado obtiene un rédito político a coste cero. La solución, obligar a que entre en el mercado de alquiler viviendas que hasta ahora eran objeto de arrendamiento vacacional, una figura ajurídica, incontrolable y que encuentra su soporte legal en un arrendamiento por temporada, algo legal y que abarca desde temporadas de un fin de semana a seis meses, por lo que prohibiciones privadas de comunidades y normativas menores poco freno podrán poner a esta solución, que garantiza sacarle rédito a una vivienda sin el riesgo de que la ocupe una persona vulnerable.