El problema que tienen los partidos políticos que han gobernado en algún momento previo es que ya conocemos sus verdaderas prioridades políticas. Por desgracia, para conocerlas hay que ser un estudioso, ya que no suelen confesar abiertamente sus verdaderas intenciones. Si nos basamos en las declaraciones oficiales, todos los gobiernos persiguen lo mismo: el bienestar social, paliar las necesidades de la ciudadanía y combatir las injusticias o las desigualdades sociales. Por ello, todos los gobiernos defienden a la sanidad pública, a la educación pública y al apoyo social de los necesitados. Por eso hay que esforzarse en conocer la realidad de la aplicación de las políticas para saber cuándo te engañan. El resto de la población, dependiendo de sus tendencias, se cree a rajatabla lo que sus gobernantes dicen aunque sean directamente mentiras lo que les cuentan. Además los medios de comunicación siguen las mismas tendencias y como sólo leemos o vemos o escuchamos a determinadas opciones que dicen lo que queremos confirmar, pues todo va bien.

Por eso, los gobiernos del Partido Popular, del nivel que sea, defienden a la sanidad pública aunque la estén privatizando de forma descarada; pero eso sólo lo saben los que están bien informados. Se hace poco trabajo para que la población tenga opiniones personales porque requiera un esfuerzo y una evaluación crítica permanente y esto es cansino. Es mejor seguir unas consignas y creérselas sin más, es un tema de fe, desde luego es más cómodo.

Todo lo anterior lo podemos aplicar al actual gobierno andaluz. En una reciente declaración de su presidente ha dicho textualmente que han contratado a trece mil profesionales para mejorar la sanidad pública. ¿Es verdad? Da lo mismo, mucha gente se lo cree aunque nadie del Sistema Sanitario Público haya "notado" esas inmensas mejoras. ¡Indignante!

Pero, ¿cuál es la realidad? Nada más tomar posesión, el consejero de Salud acabó con el complemento de exclusividad, que consistía en que aquellos médicos que trabajaban a la vez en la medicina privada no lo cobraban, obviamente. Decidieron que todos los médicos debían de cobrar dicho complemento. Ahora toca inventarse el concepto para merecerlo porque el de exclusividad es inaplicable.

A continuación, deciden que no sólo los facultativos pueden trabajar a la vez en la sanidad pública y en la medicina privada sino que también lo pueden hacer los jefes de Servicios y los responsables de la gestión sanitaria, es decir, los que "deben" acabar con el bajo rendimiento de lo público, es decir, con las listas de espera. El concepto es bien conocido. Lo denominan colaboración público-privada, que dicho en abstracto, sin tener muchos conocimientos y sin conocer sus efectos en experiencias previas, hasta suena bien.

Por último, la Junta de Andalucía ha recibido del Gobierno Central 1.000 millones de euros para hacer frente a los gastos derivados de la actual pandemia de la covid-19. No se puede saber su destino (opacidad total) pero es posible que hayan servido para tapar alguna deuda improrrogable. Lo que sí conocemos es que se han destinado 130 millones de euros para conciertos con las entidades privadas. Con ese dinero se pueden contratar 1.200 médic@s y 1200 enfermer@s durante un año para el Sistema Sanitario Público, pero las prioridades no son para todos las mismas. Para los que quieran más datos sobre este particular leer el artículo 'La Sanidad Pública a debate', publicado en Nueva Tribuna el 25 de octubre del presente.

Había alternativas, por lo tanto, se podía haber decidido reponer las plantillas públicas y contratar rastreadores, considerando que son las claves para la recuperación de la pandemia. Es cuestión de prioridades políticas, porque en esa última acción no "es necesario la colaboración de la medicina privada".

Por éstos, y otros muchos hechos derivados de las decisiones políticas reales que se están aplicando en Andalucía, que son idénticos a los que el Partido Popular ha desarrollado durante decenios en otras comunidades autónomas, es por lo que estamos muy preocupados, porque nos tememos que la sanidad pública, tal como nosotras la concebimos, es decir, universal, gratuita, equitativa y solidaria, que ha sido nuestro orgullo, y ha sido reconocida en el mundo entero por sus logros y eficiencia (balanceando dinero invertido y cartera de servicios), está en grave peligro de desaparición.

El deterioro actual de la sanidad pública y la gestión que los responsables actuales están haciendo de la misma es un requisito imprescindible para que la privatización se vea como la única alternativa. Claro está que para aquellos sectores sociales que puedan costeársela. La nueva aparición del concepto de Beneficiencia está cerca.

Consideramos que sólo la respuesta enérgica de la población andaluza expresando sus intenciones de no permanecer impasibles ante este saqueo de lo público puede detener esta dinámica. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas se compromete a prestarse sin condiciones ni requisitos algunos a colaborar con la sociedad civil con este propósito.

Expresamos nuestra absoluta solidaridad con los trabajadores sanitarios andaluces. Sabemos a ciencia cierta que sin su calidad humana l@s andaluces estamos perdid@s. Gracias eternas.