Análisis

Luis ben

Secretario de Política Municipal del PSOE de Cádiz

Aguas de Cádiz: responsabilidad y transparencia

Trasladar a Fiscalía los hechos es, ante todo, una acción inicial que no cierra ninguna puerta

Las gaditanas y los gaditanos de buen seguro que han estado siguiendo por los distintos medios de comunicación el turbulento, confuso y conflictivo asunto que afecta a la empresa municipal Aguas de Cádiz. Asunto que se concreta en ciertas actuaciones del actual vicepresidente del Consejo de Administración, el concejal del Partido Popular Ignacio Romaní. La ciudadanía de Cádiz lleva ya algunas semanas oyendo hablar de subvenciones poco claras, de facturas escasamente edificantes, de estudios técnicos de dudosa utilidad y como colofón de una tesis doctoral en tiempos cuando menos inoportunos. En buena lógica democrática, los ciudadanos y las ciudadanas que ejercen con ello sus derechos están demandando que se exijan responsabilidades, se actúe con transparencia y se obre en consecuencia. Nada enfurece más a la gente de a pie que las aguas turbias, sobre todo cuando parecen ser removidas para ganancia de pescadores codiciosos y no para dar claridad a los problemas y retos a los que continuamente hay que enfrentarse.

En el caso de Aguas Cádiz y las posibles implicaciones y responsabilidades del señor Romaní la gente habrá podido observar en estos últimos días tres posturas diferentes y muy claramente definidas. En primer lugar, la del afectado, el veterano concejal popular, hombre de puño de hierro durante sus años de gobierno y de verbo inmisericorde desde la oposición. Romaní se ha enrocado política y personalmente en este asunto. Negación, balones fuera y la incomprensible postura de querer participar en la comisión encargada de investigar unos hechos que le afectan de lleno mientras, a su lado, un enmudecido candidato de su partido ni siquiera hace amago de un sentido común mínimo para recomendarle una retirada discreta o, a la par, sin el valor de dar un paso firme al frente en su defensa. En resumen la postura que tantas veces hemos visto en el Partido Popular: sostenella y no enmendalla hasta la más larga y crispada de las agonías políticas ensuciándolo todo en el proceso. Por otra parte las posturas del presidente del Consejo y los grupos políticos que lo sostienen, Ganar Cádiz y Podemos, empecinados en acciones judiciales radicales y escasamente meditadas pero con temor de fondo que les hace suplicar complicidades en los demás. Imprudente e irresponsable acción por la acción que, como hemos visto en otros casos, no hace sino enredar y confundir los problemas más que solucionarlos desde criterios de procedimiento democrático e higiene pública.

Frente a estas posiciones, tan de la vieja política, que enfrentan a unos con otros, las consejeras socialistas han actuado con criterios transparentes, coherentes y responsables. En una sociedad democrática, lo primero son los derechos de la gente y ésta tiene sobre todo el derecho de conocer con orden y claridad qué ha pasado y por qué. Lo que se precisa es tanto que la institución salga limpia y sana de unos asuntos cuando menos oscuros y dudosos. Para ello creemos que no hay mayor y mejor herramienta que el Ministerio Público, la Fiscalía, para delimitar si hay o no algún tipo de delito en las actuaciones a las que llevamos dando vueltas ya demasiado tiempo. Un asunto confuso y cuestionable que sucede en una institución pública, y Aguas de Cádiz lo es, debe dirimirse en el espacio institucional público que le corresponde al caso, el fiscal. De esta manera creemos garantizados los derechos de todas y todos, de la ciudadanía, de la institución, de los consejeros e, incluso, derecho democrático por antonomasia, los del propio afectado. Trasladar a Fiscalía los hechos es, ante todo, una acción inicial que no cierra ninguna otra puerta procesal. Igualmente llevar la investigación al Ministerio Público es garantía de transparencia y de cualificación, es situarlo en el lugar donde los hechos se analizan desde la perspectiva de la ley y sus especialistas, ley que nos hemos dotado democráticamente. La otra vía, la judicial, es no solo precipitada en estos momentos sino que nos lleva al campo de la confrontación frontal en la que la primera baja es la verdad y en la que, por añadidura, al final lo más normal es que nadie gane y todos perdamos algo en el camino. Hay situaciones conflictivas, y ésta es sin duda una de ellas, en las que sobra la política dominada por las hormonas y se precisa la política gobernada por la razón democrática, la que normalmente coincide con el sentido común y la templanza. No nos equivoquemos, si creemos que lo que anhela la ciudadanía es venganza asentada en dudas y especulaciones ofendemos su inteligencia. Los ciudadanos y las ciudadanas lo que desean son actuaciones responsables de los representantes públicos, transparentes en los modos y los lugares y que conduzcan a la verdad, al ejercicio de la justicia democrática y que ese sea el camino para la limpieza de la vida pública.

De las tres posiciones posibles, la insolencia crispante, la búsqueda de la humillación con el rédito a corto plazo o, por último, la razón democrática, las consejeras socialistas con el apoyo de nuestro partido han elegido la tercera. A nuestro entender la más responsable y transparente para con los gaditanos y gaditanas.

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