El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la Operación Saga contra varios ex directivos de la SGAE por supuestas irregularidades en su gestión, ha citado a declarar el próximo lunes a Pero Farré, jefe de Gabinete del Consejo de Dirección de Teddy Bautista entre 2004 y 2009, para interrogarle en calidad de imputado en un delito de apropiación indebida. Farré habría utilizado la tarjeta corporativa de la sociedad de gestión para pagar "varios miles de euros" en prostitución de lujo, según fuentes de la sociedad.

Fuentes judiciales han informado que Farré fue detenido este viernes por la Guardia Civil, que tras interrogarle lo dejó en libertad en espera de su comparecencia ante el juez Ruz. Por su parte, la SGAE ha emitido un comunicado en el que señala que días atrás se inició una investigación interna para esclarecer varias irregularidades atribuidas a Farré en medios de comunicación. Como consecuencia de estas pesquisas, se concluyó que Farré habría presentado conceptos falsos en la justificación de sus gastos -seminarios, operaciones antipiratería o gestiones con terceros- "para ocultar el verdadero destino de los fondos de la entidad".

Tras descubrir estos datos, la SGAE puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, entre ellos el presunto uso fraudulento de la tarjeta corporativa que Farré tenía a su disposición, con el fin de que la denuncia sea investigada por la Audiencia Nacional, según el mismo comunicado. Además, la entidad de gestión ha prohibido con carácter inmediato la contratación de cualquier tipo de servicios de consultoría con Pedro Farré.

En el transcurso de la declaración que Pedro Farré prestó como testigo el pasado mes de julio, poco después de la detención el ex presidente de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, y del ex presidente del consejo de dirección de la SGAE, Teddy Bautista, especificó que el considerado principal cabecilla de la trama era una persona "muy beligerante" y "muy de camarillas". 

El ex directivo ahora imputado ocupó entre los años 2002 y 2009 los cargos de director de la Oficina Antipiratería de la SGAE, director de relaciones institucionales y consejero en la mercantil Portal Latino SL, vinculada a la trama. Además, también mantuvo relaciones laborales con otra de las empresas relacionadas con Neri, Microgénesis, principal proveedora de servicios de la SDAE. Según reconoció en la declaración prestada ante la UCO el 21 de julio y reflejada en el sumario del caso, percibió de Microgénesis 4.000 euros mensuales durante cinco meses, como asesor de la empresa en Estados Unidos.

El contenido de este testimonio desvela también la opinión del nuevo implicado en la trama sobre el ex presidente del consejo de dirección de la SGAE, Eduardo Bautista. Farré dijo a los agentes que lo interrogaron que Teddy es una persona "muy exigente" con la que resulta "muy duro" trabajar debido a su dedicación absoluta a la sociedad. 

Los dos principales imputados en el procedimiento son el ex director de la SDAE y presunto cabecilla de la trama, José Luis Rodríguez Neri, y el directivo de Microgénesis Rafael Ramos, que recuperaron la libertad tras depositar sendas fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente. El juez les atribuye los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, a los que se suman un delito societario en el caso de Neri y otro de alzamiento de bienes en el de Ramos.

El procedimiento también se sigue contra Eduardo Teddy Bautista, expresidente de la SGAE; Enrique Loras, exdirector general; Ricardo Azcoaga, exdirector financiero; Elena Vázquez, principal accionista de Microgénesis; y Celedonio Martín, director financiero de esta empresa. También están imputadas tres familiares de Ramos -su esposa, María Antonia García Pombo; su cuñada, Pilar Eva García Pombo; y su hija, Sara Ramos Vázquez- y otros dos de Rodríguez Neri -su hermana, Juana Cristina Rodríguez Neri; y su hija, Leticia Rodríguez Álvarez-.

Según la investigación de Ruz, Bautista "autorizó, consintió e impulsó" la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como Operación Saga, que había sido ideada por Rodríguez Neri. En el fruto de esta actividad presuntamente fraudulenta, la SGAE invirtió "importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios" a través de una red de empresas vinculadas a la sociedad digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, que controlaba el propio Rodríguez Neri.