El testaferro Agustín Bobo cobraba 600 euros por firmar

Agustín Bobo, supuesto "testaferro" de la red acusada de estafar 21 millones de euros del plan para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz, ha confesado hoy que cobraba entre 600 y 800 euros cada vez que iba a la notaría para poner a su nombre alguna de las empresas o sociedades del entramado.

Agustín Bobo, junto con la ex diputada provincial y exvicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz María José Valencia, ha prestado hoy declaración ante el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz, que investiga el fraude.

Son los dos primeros en hacerlo en una semana en la que la titular del juzgado ha emprendido una nueva ronda de toma de declaraciones, tras la operación policial llevada a cabo el pasado junio y que llevó a la detención de otras ocho personas relacionadas con este fraude.

Con estas detenciones, la Policía dio por desarticulada la trama de corrupción que, con un entramado de unas cincuenta empresas, defraudó 21 millones de euros de ayudas del Plan Bahía Competitiva para proyectos industriales que finalmente no se llevaron a cabo.

El fraude fue denunciado por la Agencia IDEA de Junta de Andalucía en el 2011, y desde entonces ha llevado a la imputación de un total de 31 personas, entre ellas, y además de empresarios, cargos de la Diputación de Cádiz y del Ministerio de Industria, como el ex director general Jesús Candil, que está citado a declarar el próximo lunes.

Según han informado fuentes jurídicas, la ex diputada provincial socialista María José Valencia ha explicado hoy durante su declaración ante la jueza que las decisiones finales sobre a qué proyectos empresariales se concedían las ayudas del Plan Bahía Competitiva se tomaban en el Ministerio de Industria.

Ha detallado que la comisión que tramitaba las solicitudes, a la que ella pertenecía, valoraba los proyectos presentados y rellenaba una planilla en la que se informó de que las empresas solicitantes reunían los requisitos, según habían informado los técnicos, aunque se advertió de un posible riesgo de la viabilidad de los proyectos al estar todos diseñados para una misma zona, un polígono de Alcalá de los Gazules que a día de hoy no existe.

María José Valencia, según las mismas fuentes, ha apuntado que el Ministerio de Industria no atendió esa advertencia y ha insistido en que era un equipo técnico el que analizaba los baremos que se hicieron para elegir a las empresas que cumplían los requisitos para recibir las ayudas y que luego ella validaba.

En sus declaraciones ante el juez, el supuesto "testaferro" de la red empresarial ha explicado que cobraba una gratificación de entre 600 y 800 euros cada vez que iba a una notaría a firmar con su nombre como administrador de una empresa o sociedad.

Ha explicado que él firmaba sin apenas leer los papeles, y ha negado saber qué hicieron esas sociedades.

Las declaraciones de los imputados en este caso continuarán en los próximos días.