Sumar pregunta al Gobierno qué prevé para reconocer la titularidad pública de la Laguna de La Janda

La diputada nacional de Sumar por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha presentado una pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta escrita, por la que se interesa en saber qué actuaciones tiene previsto emprender el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para proceder a la inscripción y reconocimiento formal de la titularidad pública de las hectáreas de la Laguna de La Janda que corresponden a la Administración General del Estado, de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo de 1967 y los deslindes efectuados por el Gobierno en aquel momento.

Igualmente, pregunta cuándo tiene previsto el Gobierno convocar la mesa de diálogo sobre la recuperación de la Laguna de la Janda, comprometida por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para el mes de septiembre de 2025.

En la exposición de motivos, recogido por Europa Press, Sumar recuerda que la Laguna de La Janda está situada entre los términos municipales de Vejer de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas y Tarifa, así como que fue históricamente el mayor humedal interior de la península ibérica, alcanzando más de 4.000 hectáreas de superficie inundada.

Su localización estratégica en el corredor migratorio del Estrecho de Gibraltar la convierte en un enclave de altísimo valor ecológico, fundamental para miles de aves acuáticas y migratorias que conectan Europa y África, argumenta la diputada de Sumar, que ha apuntado que su recuperación, por tanto, además de una cuestión ambiental es un ejemplo de como España cumple con sus compromisos internacionales asumidos en materia de conservación de humedales, biodivérsidad y cambio climático.

La diputada de Sumar ha señalado que pese a ello, y tras su desecación forzosa en los años 50, los terrenos que formaban parte del antiguo vaso tagunar continúan en manos privadas, a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo de 1967 reconoció que una parte sustancial -al menos un tercio del conjunto- pertenece al dominio público hidráulico estatal, dando plena validez a los deslindes practicados por el Gobierno en aquel momento.

Dicha resolución judicial nunca fue ejecutada, permitiendo que los grandes propietarios mantuvieran el control efectivo del territorio y continuaran explotándolo de forma privada, en abierta contradicción con el fallo judicial y con la legislación sobre aguas y bienes públicos.

A esta situación se suma, según recuerda Sumar, la actuación de la Junta de Andalucía, que tras un expediente de investigación patrimonial concluyó que los terrenos son de titularidad privada, apoyándose en títulos de propiedad derivados de la antigua concesión de aguas otorgada para la desecación. La propia Junta, "consciente de la controversia", remitió hace dos años el expediente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solicitando que el Estado determinara oficialmente la existencia de dominio público hidráulico. "Sin embargo, hasta la fecha, no se ha emitido resolución definitiva", ha subrayado.