El sueño de volver a calar la almadraba de Chiclana se tambalea
El último borrador del Ministerio de Agricultura y Pesca limita a 50 toneladas las asignadas a Sancti Petri, lo que convertiría en inviable la inversión para su recuperación a la espera del reparto final
La almadraba de Sancti Petri se topa con la oposición del sector atunero
El sueño de volver a calar la almadraba de Sancti Petri, que parecía cada vez más cercano, se tambalea después de que el último borrador del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación le otorgue una escuálida cuota de 50 toneladas, lo que haría inviable la inversión para poner a punto una infraestructura que lleva más de cincuenta años sin uso.
La directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba (OPP51), Marta Crespo, confirmó tal extremo. “Es de justicia que se aumente esa cuota para Chiclana”, que en el primer borrador elaborado en octubre del año pasado alcanzaba las 183 toneladas asignadas. Sin embargo, las protestas llegadas desde gran parte del sector atunero nacional han surtido efecto y esas cantidades han sufrido una importante merma en los siguientes pasos.
La petición por parte de Pesquerías de Chiclana, la empresa que consiguió la adjudicación, es superar las 350 toneladas, tal y como presentaron en el plan de viabilidad con el que lograron hacerse con la gestión de esta infraestructura allá por 2003. Sin embargo los obstáculos no han parado de aparecer desde que lograron dicha adjudicación.
Marta Crespo se mostró optimista durante una ponencia en el X Foro Turismo de Cádiz celebrado esta semana en Chiclana. “A la almadraba de Sancti Petri solo le queda un pasito”, afirmó. El problema es que ese tramo que considera tan corto tiene trampas. El largo camino comenzó cuando “tuvimos que echarnos a un lado, nunca atrás” por la falta de atunes. Las restricciones del ICAAT que comenzaran hace dos décadas paralizaron toda posibilidad de que la almadraba de Chiclana se reactivase, con la promesa, afirma Crespo, de que se pondría en marcha cuando se recuperase la especie.
Crespo recordó que fueron los productores de almadraba los primeros interesados en que se pusieran medidas para asegurar el futuro de la especie, aunque esta “nunca estuvo en peligro de extinción, no se llegó a eso, pero la almadraba sí que lo estuvo”, afirmó en el encuentro sobre turismo. “Estaban esquilmando la especie y no paramos de hacer cosas hasta que se regularon las cuotas en el ICAAT”.
Es ahora, con la especie recuperada y la subida de la cuota para la Unión Europea, cuando ven la oportunidad de hacer realidad y cobrarse aquella promesa. El primer borrador presentado por el ministerio iba por buen camino, pero el jarro de agua fría ha llegado con el segundo. “Soy una persona de fe y llegarán las toneladas para poner en marcha la almadraba de Sancti Petri”, afirmó, aunque la incertidumbre es saber cuándo se hará realidad esa cuota que haga factible la inversión.
Marta Crespo confirma también que no se quedarán de brazos cruzados y si finalmente el reparto del Gobierno mantiene esa asignación tan reducida presentarán todos los recursos necesarios para pelear por este recurso al que tienen todo el derecho a acceder, según consideran desde la Organización de Productores de Almadraba.
Pesquerías de Chiclana, dentro de la OPP51, está dispuesta a encargar los barcos necesarios y a realizar la inversión en infraestructuras, personal y equipamiento que haría falta para reactivar un trabajo ancestral que lleva medio siglo parado en este tradicional enclave. Pero para ello necesitan la seguridad de una cuota mínima que les asegure la rentabilidad. A la espera de conocer la decisión final del reparto, los trámites están en suspenso.
La amenaza de llevar al ministro ante la justicia
La mayoría del sector atunero está en contra de que se le concedan toneladas a la almadraba chiclanera. De hecho, este medio ha podido saber que la flota vasca ha llegado a amenazar con llevar al ministro Luis Planas ante la justicia por un asunto que consideran ilegal. Entienden que perder un 5% de sus derechos de pesca (en torno a los dos millones y medio de euros) para beneficiar a otra empresa sería un golpe bajo inasumible. Empresas señeras del sector atunero enviaron conjuntamente una carta al ministerio en la que alertaban que pelearían por sus derechos hasta las últimas consecuencias, y que si para ello tenían que presentar una demanda colectiva lo harían. Así pues, estas presiones, de momento, parece que han hecho dudar al Gobierno.
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