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Los geriátricos sociales, al límite Un aspecto del desmoronamiento del estado de bienestar

La quiebra de los últimos días

  • La Operación Pócima de la Guardia Civil ha destapado un fraude de la miseria en residencias de ancianos asfixiadas económicamente, con plazas sin cubrir y centenares de residentes con pensiones mínimas

Cuando Cristobalina, una anciana de 91 años, entró a mediados de 1998 en la antigua casa de viudas y doncellas huérfanas de la plaza Flagela, dijo admirada: "Dejo una casa para entrar en un palacio". 2.000 metros cuadrados con las más modernas instalaciones. Al frente de la Fundación Fragela, que había conseguido levantar esa nueva residencia de ancianos con 70 plazas, se encontraba un fraile, Fray José Luis Salido, y el día de la inauguración el medio centenar de empleados rebosaba entusiasmo. Recibía a sus primeros clientes, un grupo de ancianos con muy pocos recursos, con pensiones mínimas. Hoy, Fragela, cuyos responsables no han querido dar su versión de los hechos a este medio, es una de las once residencias que la Guardia Civil ha incluido en la Operación Pócima, en la que se investiga un fraude con 66 tarjetas sanitarias de personas fallecidas y la retirada de 144.000 kilos de comida del Banco de Alimentos.

Pero ¿qué es lo que desvela realmente la Operación Pócima?   No una estafa de un montante de dinero desorbitado, ya que en cada caso de las tarjetas el fraude, que asciende en total, aproximadamente, a 9.000 euros, apenas se superaban, en las transacciones  más altas, los 600 euros y ni siquiera se trataba de una trama organizada. Aquí nadie se ha hecho rico. Lo que desvela la Operación Pócima es la situación límite de numerosos geriátricos de la provincia. Lo que desvela la Operación Pócima es el desmoronamiento del estado del bienestar. Porque cuando Cristobalina entraba por la Casa de Viudas un terremoto financiero en la lejanía empezaba a rugir para cobrarse cientos de miles de víctimas colaterales. Por ejemplo, la asistencia a los ancianos en la provincia con más paro de Europa.

Empecemos por el principio. En septiembre de 2011 muere un residente de un geriátrico en Jerez. En octubre una farmacia expende pañales y medicinas a favor de la tarjeta del residente muerto. La cantidad total de esa primera transacción fraudulenta no llega a los 100 euros. Lo detecta la inspección del SAS. No sólo detecta ese caso, sino otro más en Sanlúcar, otro en San Fernando. Algo está pasando.

La Guardia Civil investiga y, mientras investiga, un anciano de una residencia de la provincia realiza una llamada anónima a la Guardia Civil quejándose de que en ese centro le dan la comida de siempre, poca y sin sal, según él, a punto de caducar. La Guardia Civil va tirando de hilos. La comida a punto de caducar, no caducada, procede del Banco de Alimentos de Cádiz, una organización internacional dedicada a repartir productos básicos a los más necesitados. La versión oficial incide en que en esas residencias hay ancianos que pagan hasta 1.800 euros por su manutención y buena parte del resto de los residentes están ahí con plazas concertadas, es decir, la Junta completa la cantidad que el anciano aporta con su pensión hasta llegar al coste de la plaza. ¿Qué necesidad entonces de acudir al banco de alimentos o de hacer triquiñuelas con las tarjetas de ancianos fallecidos?

La realidad es, según explica el directivo de un importante operador del sector geriátrico en Andalucía, que "la Junta no completa las plazas que se quedan vacantes desde agosto, lo que supone menos ingresos; la Junta no abona desde hace tres meses los conciertos; los residentes privados de los geriátricos sin ánimo de lucro no llegan ni a un 15%, por lo que los centros están asfixiados, sin liquidez0. Hay ya muchos que no pagan las nóminas y se mantienen con lo mínimo". La realidad es que el sector geriátrico que se dedica a los ancianos de menor nivel poder adquisitivo está al borde de la quiebra. Esa es la realidad.

José Manuel Olmedo, presidente de Lares Andalucía, una asociación de residencias en la que están integradas buena parte de los geriátricos sin ánimo de lucro de la región y que en la provincia cuenta con quince centros integrados, añade que "no es verdad que en esos centros se esté cobrando 1.800 euros por plaza. Esos son los residentes privados y son un inmensa minoría. De hecho, yo apenas conozco casos en nuestros centros. La media de lo que paga un residente por su plaza es de 500 euros, pero es que hay quien no puede pagar mucho más de cien euros. Las plazas que están concertadas las paga la Junta, cuando las paga, a 1.475 euros, es decir, 325 euros por debajo de su coste real y, a partir del próximo año, se va a aplicar una reducción de un 12%,, pero la comida sigue costando lo mismo y lo pañales también, los sueldos, por convenio, también han subido y existe una obligación de tener un determinado número de personal por residente. Las matemáticas no cuadran".

 Los asociados de Lares no forman parte de las grandes patronales empresariales del sector, que las hay y que arrojan beneficios gracias a sus residentes "ricos", sino que forman parte del sector solidario: entidades religiosas, Cáritas, obispados y fundaciones. Son 160 centros atendiendo unos  14.000 usuarios y con más de 7.500 trabajadores en Andalucía. Los beneficios que se obtenían se invertían en la mejora de instalaciones y de servicios para los residentes. Pero ya no hay beneficios, hay pérdidas, con lo que no se invierte y se hace lo que se puede para mantener un buen servicio a los ancianos. "De mantenerse esta situación, supongo que muchos centros tendrán que cerrar", concluye Olmedo.

Una amenaza se cierne precisamente sobre una de las mayores residencias de ancianos de la provincia, La Marquesa, de Jerez, que se vendió en su día, cuando fue inaugurada por la consejera, como una residencia de cinco estrellas con 140 plazas concertadas. La Marquesa entró dentro de la primera fase de la Operación Pócima. Perteneciendo a una potente firma del sector, Suite, con siete centros en toda España, ahora se encuentra en una situación crítica. El pasado mes los empleados se echaron a la calle después de siete meses sin cobrar, al igual que había sucedido semanas antes en su centro en Algeciras, y la dirección contestó con una carta a los empleados advirtiéndoles de que cada protesta en la calle suponía perder residentes privados. Y los residentes privados son los únicos ingresos seguros que tienen ahora los geriátricos.

 Curiosamente, la situación de La Marquesa podría afectar, o eso se baraja en el sector, a un centro de mayores 'virtual' en Cádiz, el de Puntales, totalmente finalizado y con todos los papeles en regla. Asumir las plazas que dejara vacantes La Marquesa, algo que, naturalmente, está por ver, sería la única manera de que se pusiera en marcha. Está cerrado y no hay previsión de que abra porque si hay algo que sobran en la provincia son plazas geriátricas, no porque no haya ancianos que las necesiten, sino porque la Junta no tiene dinero para concertarlas. Los técnicos de la Consejería, en privado, se lo han dicho a los operadores: "Apenas si tenemos para mantener lo que hay". Lo que es un eufemismo porque, de hecho, no se está manteniendo lo que hay. El anciano que fallece en una residencia no es sustituido por ningún otro. Hay decenas de habitaciones vacías.

Oficialmente, la Junta no puede hacer mucho más que encogerse de hombros. No hay dinero. Ángel Acuña, delegado territorial de Salud en la provincia, lo explica con un símil automovilístico: "Si vas en el coche y te quitan la gasolina, para llegar a destino tienes que reducir la velocidad. Había unas previsiones de dependencia en el mes de enero de las que el Estado, a mitad de ejercicio, ha restado un 28% del 40% que tenía que aportar. Eso es lo que ha hecho que no se hayan cubierto las plazas libres concertadas y que no se hayan podido abonar aún algunos conciertos. Esperamos normalizarlo todo a partir de enero de 2013, con el nuevo ejercicio, pero también hay que ser conscientes del dinero que se va a recibir del Estado para saber lo que se puede hacer de ahora en adelante". 

Sin embargo, pese a que Acuña reconoce esta situación y que admite que el caso de las tarjetas sanitarias es un fraude, económicamente, menor, "pese a que el fraude siempre es fraude y hay que combatirlo", la Operación Pócima ha terminado de asestar un golpe a la imagen del sector.

Casi todas las residencias incluidas en la Operación Pócima eluden hablar, dan largas. Da igual que la denuncia de lo que parece un fraude por necesidad más que por lucro no incluya en ningún caso mala atención a los ancianos. De hecho, no hay quejas serias -siempre hay quejas- ante la Junta del funcionamiento de las residencias, lo que llama la tención ante la precariedad con la que se ven obligadas a funcionar algunas de ellas.

Conservando el anonimato del interlocutor, desde una de las residencias implicadas se justifica un posible error: "Las tarjetas suelen estar en recepción, no sería extraño que alguien hubiera cogido tarjetas equivocadas. En otros casos, son las propias farmacias  de referencia las que tienen las tarjetas  y tampoco es tan complicado que se produzca la equivocación". Cruz Roja, que gestiona la residencia de San Fernando, se desmarca y no etiende su implicación: "Esta residencia, como todas, funciona con el Programa Receta XXI mediante el cual la medicación se receta a través del centro de salud. El método de reposición de la medicación de enfermos crónicos ingresados en residencias se realiza a través de un procedimiento habitual que se produce de forma automática, sin posible interferencia". 

Un caso significativo dentro de la Operación Pócima es el de la residencia Mensajeros de la Paz, en Medina, en la finca El Santísimo, tristemente célebre por la gestión de sus antiguos propietarios, una extraña orden religiosa que respondía al nombre de Obreros de la Cruz.  La organización Mensajeros de la Paz invirtió decenas de miles de euros en transformar la residencia y lavar su imagen. Ahora, desde su central de Andalucía en Jaén no hacen declaraciones. Mensajeros de la Paz, fundada por el Padre Ángel, una organización mimada por el Gobierno, tiene los mismos problemas que las demás. 

Reunidos en Antequera el pasado agosto, las cuatro grandes federaciones dedicadas a las residencias geriátricas realizaron un borrador para entregar a la Consejería de Salud en el que se hablaba claramente de la necesidad de un cambio de rumbo o se llegaría "a la destrucción del sistema por inanición". La palabra inanición tiene todo el sentido en la Operación Pócima. El directivo de una de estas federaciones, que lamenta tener a residencias suyas asociadas entre las implicadas, afirma con seguridad que "si recurrieron al banco de alimentos es que tenían necesidad de hacerlo".

El deterioro en el servicio en las circunstancias actuales se da por hecho. En el documento de Antequera, que incluye una serie de peticiones a la Consejería de las que no se ha cumplido ninguna, afirma: "Si al tiempo que se reduce el precio de la plaza, se quiere garantizar la sostenibilidad del sistema, nos veremos obligados, con la misma celeridad y urgencia que se ponga en la reducción del precio de la plaza, a realizar una serie de  ajustes en la ratio de personal actual y la bajada de exigencias materiales, si bien hemos de ser conscientes que con ello no se podrá  garantizar la permanencia de la totalidad de prestaciones que se ofrecen actualmente, como fisiología o terapia".

De hecho, ya se está notando. Un informe de la asociación Ayudaalanciano detecta como principales quejas en los geriátricos: "Malos olores por falta de ventilación y aseo; frío,por falta de calefacción  fuera de las horas de visita; poca comida; poca  terapia ocupacional, ejercicio, juego  y mucha televisión". Gabriel Marinero, coordinador de la organización, explica que han realizado una encuesta con cien preguntas para profesionales sobre lo que puede ser maltrato al anciano. "Muchas veces se hace inconscientemente, quizá por falta de personal, pero es verdad que el anciano sufre en ocasiones en las residencias por abandono porque el profesional lo saca, lo medioviste, lo deja destapado mientras... si se reduce el dinero para estos centros, tendrán que sobrevivir con menos personal y todo se agravará".

Anselmo Ruiz, presidente regional de Cáritas, reunió recientemente a los directores de todas las residencias de la organización en Chipiona. La conclusión es inapelable: "Si las administraciones no cumplen, tendremos que pedirle dinero a los ciudadanos para no echar a la gente a la calle".

Y quizá fue así como la comida de caridad llegó a las residencias de ancianos de la provincia.

Se ha acabado la época dorada de los geriátricos. Hay centenares de plazas libres, pero sólo para los 'privados'. Una vejez para ricos.

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