EN realidad, nadie en la familia de Joselito pensaba que su amigo Javier fuera el asesino del niño, el que le metió la cabeza en el váter hasta asfixiarle. Javier era borderline, un buenazo con todos sus diecisiete añazos y, también, un gregario. Era Chico, de quince años, el que era peligroso, pero a Chico le venía muy bien la tara de Jose y los diez años de Joselito. Hacía con ellos lo que quería. Y las cosas sucedieron así. Fue Javier el que fue condenado como autor porque Chico dijo que así había sido y Javier no lo negó ante el juez después de haberlo negado siempre. El que había perdido era Joselito, que no le había querido prestar a Chico cinco duros para el billar y perdió la vida estrangulado en los servicios de una oficina del edificio Plaza Alta de Algeciras en agosto de 1999. Al principio, todo había parecido un juego. Durante los días de la búsqueda, Javier y Chico siguieron yendo por casa de Joselito, como hacían siempre. Javier se quedaría mirando su foto, que estaba encima del televisor de la casa de Joselito. Sonriendo con Joselito.

Habían sido ellos. Tardaron un año en descubrirlo. Quién lo iba a pensar. No mucho tiempo después, primero Chico y luego Javier volvían a estar por el barrio. No es que la Policía se hubiera equivocado. Ellos fueron los últimos que vieron respirar a Joselito. Lo dejaron allí. Un juego feo, pero un juego. Es sabido que entre que se fijaba y no se fijaba el juicio, Chico fue arrestado por una agresión sexual en la plazoleta de su bloque. Los padres de Joselito los veían a diario, se cruzaban con ellos. Eran vecinos.

En el juicio hubo un acuerdo entre las partes, que no hay mejor juicio que el que no se celebra. Fue en ese momento cuando Javier, ya con 19 años, se autoinculpó. Tenía dos elementos a su favor, hubiera o no hubiera cometido el crimen. En agosto de 1999 era menor y un psicólogo había dictaminado que no tenía muchas luces. Cinco años en un centro de reclusión de menores y tres de libertad vigilada. Pasó seis años en Alcalá de Guadaira. A Chico también le dictaminaron pocas luces. Dos años. Ambos recibieron ayuda terapéutica. Javier salió con 22 años; Chico, con 18. "Dios está ahí arriba y no se queda con nada de nadie. Con el tiempo me iré porque no puedo vivir mucho tiempo más al lado de los asesinos de mi niño", dijo la madre de Joselito.

El estado británico gastó más de cuatro millones de libras en conocer el mecanismo que mueve a los niños asesinos. El campo de pruebas fue una pareja de chicos de diez años, Jon Venables y Robert Thompson, que en 1993 secuestraron y torturaron a James Bugler, un niño de dos años. En su mente infantil criminal pensaban que lo que habían realizado era un juego. Macabro, pero juego al fin y al cabo. Durante los ocho años que estuvieron encerrados un ejército de psiquiatras y psicólogos trabajó primero en que los niños asumieran el horrible crimen que habían cometido y se horrorizaran por lo que habían hecho. Una vez que lo hicieron, realizaron el camino contrario. Les dotaron de una nueva personalidad y los prepararon para que en la sociedad a la que iban a salir libres ocultaran su pasado. Con el tiempo, Venables, un pésimo estudiante, empezó a interesarse por el mundo. Estudió en la Universidad con magníficos resultados. Thompson siguió siendo mal estudiante, pero se interesó por las manualidades y la costura. Diseñaba vestidos de boda que cosía él mismo. Cuando salieron en libertad, en el año 2001, se les consideró completamente rehabilitados.

Menos coste tuvieron los tratamientos de Iria y Raquel, las asesinas de Klara García en San Fernando en el año 2000. Los cinco años que pasaron encerradas en centros de menores de Vigo y Madrid tuvieron un seguimiento parecido al de Venables y Thompson. Iria acabó estudiando Psicología, aunque nunca los psicólogos estuvieron convencidos de su arrepentimiento. Raquel descubrió pronto su atrocidad, lo que la llevó a una actitud de postración que sólo se diluyó con su contacto con la sociedad. Se cree que vive en un barrio de Madrid. El Estado también las ha blindado contra su pasado.

El chaval que mató a sus padres con una catana en Murcia salió hace un año en libertad tras cumplir siete años en un centro de menores. Es un artista consumado de inquietantes dibujos a carboncillo. Escribe con pericia. En breve, se publicará su primera novela

En el caso de Sandra Palo, una joven deficiente de Alcorcón violada, atropellada y quemada por cuatro delincuentes habituales, tres menores y uno de 18 años se puede observar la diferencia penal. El Malaguita, que negó su participación en los hechos, fue condenado a 64 años. Era mayor de edad. Los dos jóvenes de 16 fueron condenados a ocho. El Rafita, con catorce años cuando sucedieron los hechos y con un historial delincuencial de lo más granado desde los siete años, ya está en libertad después de cumplir los cuatro años a los que le condenaron. Nunca mostró arrepentimiento y las autoridades daban por hecho que no se encontraba ni mucho menos rehabilitado.

En este panorama, la polémica sobre la ley del menor se encendió por última vez en 2005. Acabó con un endurecimiento de castigos pasando el tope de ocho a diez años de reclusión y con la facultad de que el juez decida pasar al menor del reformatorio a la cárcel. Se modificaba apenas cinco años después de que entrara en vigor. Los casos de Klara García y Joselito fueron determinantes para llevar a cabo estos cambios. Manuel Jesús Dolz, fiscal de la sala de Menores, reconocía que, "a pesar de las reformas, la Ley Penal del Menor sólo se ha endurecido simbólicamente. Ello no es malo en sí mismo, pero deja abiertas las críticas de las víctimas y la incomprensión de un amplio sector social". Chico y Javier no son Venables y Thompson. Nadie estudió su mecanismo criminal. ¿Estaba dentro de ellos?

La psiquiatra Julia Cano considera que "la ley del Menor se estrenó con el asesinato de la chica de San Fernando. Familiares de víctimas, con seguridad las personas menos objetivas, recogieron firmas por todo el país para revocar o modificar la ley porque castigaba poco. La información que la población recibía sobre la nueva legislación se resumía en: "los menores son impunes", no en que los menores precisan una atención especial. También se podía haber recordado que los padres son responsables de sus hijos. Se podía haber recogido firmas para que hubiese Escuelas de Padres o centros de atención a familias en riesgo... Cuando el crimen de San Fernando, la gente en manifestación llegó a corear: Las vamos a matar. Se pide algo más que la reparación del daño - imposible en muchos casos - o más bien, ¿se está exigiendo venganza? Venganza sobre menores tan desgraciados como las víctimas -¿o más?-". La conclusión de Cano no es optimista: "Teniendo en cuenta los valores de la sociedad actual, la incompetencia educativa de padres y escuelas, el exceso de violencia y sexo en los medios…lo más probable es que asistamos a un incremento de la delincuencia de menores y adolescentes. Y la cadena perpetua no remedia nada. La educación, la atención y la prevención, sí".