El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Manuel Miranda, se reunieron ayer con representantes de los Ayuntamientos de la provincia gaditana para exponerles en detalle el nuevo Decreto Ley de la Junta de Andalucía que persigue impulsar el empleo entre las personas con 30 o más años.

El programa Emple@30+, regulado por el Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio, cuenta en el caso de Cádiz con una financiación que roza los 17 millones (16.969.513,27 euros) incluyendo sus dos líneas de actuación: la gestionada por consistorios y la destinada a entidades sin ánimo de lucro.

En primer lugar, tal y como han explicado los delegados, la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria -que se denomina igual que una acción similar que está integrada dentro del Decreto Ley de Empleo Joven, de la pasada primavera- destinará 12,7 millones de euros para contrataciones en proyectos de obras y servicios por parte de los ayuntamientos.

Los representantes del Gobierno andaluz analizaron con los propios consistorios esta parte de la medida, con la cual la Junta sufraga el 100% del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de hasta seis meses de duración y preferentemente a jornada completa. Los contratos deberán concluir antes del 1 de mayo del próximo año.

Según estimaciones propias de la Delegación Territorial de Economía, con los 12,7 millones de euros de esta línea se pueden generar entre 1.251 y 1.637 contratos, en función de si los ayuntamientos contratan a personas en el grupo de cotización más alto o más bajo y por un periodo de seis meses.

Ésta sería, por tanto, la horquilla prevista en función del máximo y mínimo de la cotización contemplada en el caso de la provincia gaditana.

Como medida de equilibrio territorial, el decreto ley distribuye las ayudas entre todas las localidades andaluzas atendiendo a su peso poblacional y al porcentaje de desempleados de más de 30 años.

Así, el 50% se reparte entre los municipios en función de esta tasa respecto del total de Andalucía y el 50% restante según la población. No obstante, la Junta garantiza una ayuda mínima de 7.800 euros por municipio.

La Junta de Andalucía persigue con este nuevo programa dotar a las personas beneficiarias -desempleadas todas ellas- de experiencia profesional, así como recualificarles en sus competencias profesionales para que logren una mayor empleabilidad.

Asimismo, también se consigue realizar actuaciones de utilidad colectivo en beneficio de toda la comunidad. Las dos líneas están cofinanciadas entre el Ejecutivo andaluz y fondos europeos. Tanto ayuntamientos como entes sociales deberán presentar sus solicitudes de proyectos ante el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) en un plazo de dos meses.