El escándalo de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, destapado en la operación policial bautizada como Edu y en otra paralela llamada Barredo, ha supuesto que 25.000 alumnos de la provincia (250.000 en Andalucía) no pudieran a acceder a cursos y la pérdida de fondos europeos destinados a este fin entre 2012 y 2015, según han denunciado los técnicos de Formación para el Empleo (FPE). Ocho de los once técnicos de la provincia han tenido que prestar declaración ante la Policía, en interrogatorios "muy duros", y tres han sido imputados, pese a, según ellos, no tener ninguna capacidad ejecutiva, lo que ha generado un malestar que se suma a la parálisis de este servicio durante el periodo en que han dependido de Educación, por lo que han decidido salir a la luz para explicar el estado actual de las cosas.

Ese estado de cosas tiene que ver con tres años de traspasos de competencias, mudanzas y continuas acusaciones de falta de control en supuestos cursos fantasmas que ellos, en cualquier caso, no controlaban. Aseguran que los cursos que estuvieron bajo su supervisión no presentan irregularidad alguna y se remiten a un aplicativo informático, el Gefoc, donde estaba registrada toda la información acerca de sus cursos. Pese a ello, temen que se quiera criminalizar al escalón más bajo, por lo que piden a la Junta que les sufrague la defensa jurídica en caso de llegar a juicio.

Todo este revuelo no es que esté afectando al servicio y a la formación de los alumnos, es que apenas existe movimiento. El FPE de Cádiz carece de jefe de servicio y no se han nombrado dos jefes de departamento, los de Escuela Taller y Gestión Económica, que debería ser el área que se encargara de liquidar becas que llevan en espera, en algunos casos, seis años. No hay directrices, no hay instrucciones. Tampoco existen recursos materiales, denuncian, para el desarrollo de las pocas tareas que se pueden seguir llevando a cabo.

Desde la delegación provincial de Empleo se asegura que se quiere reactivar la FPE, si bien se recuerda que el traspaso de competencias se ha producido hace dos meses, por lo que a continuación se procederá a realizar el nombramiento de mandos y al traslado de instalaciones del personal. Además, habrá que realizar una programación para aplicar lo que les corresponda de los 200 millones de euros consignados por la Junta para formación de desempleados, formación continua, consorcios escuela y escuelas taller.

La principal tarea de estos técnicos de formación en la actualidad es atender los numerosos requerimientos de expedientes de cursos y son requerimientos que vienen por partida doble, ya que la investigación se lleva tanto en los juzgados como dentro de la propia Administración, y contando con que ya se ha puesto en marcha la comisión de investigación sobre la Formación en el Parlamento de Andalucía. Por todas partes se investiga el qué pasó, pero no se pone nada en marcha. El resultado es que la formación a los desempleados prácticamente ha desaparecido en Andalucía durante estos tres últimos años.

"Somos unos apestados, llevamos un pedigrí tan desastroso que parece que no nos quieren en ninguna Consejería.", lamentan los técnicos. Formación fue separada de Empleo tras descubrirse el supuesto fraude y trasladada a Educación, donde se fiscalizaron los cursos, en tiem,pos de Luciano Alonso, uno a uno. O al menos eso se dijo. Ahora regresan a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, pero no regresan a las antiguas instalaciones. Según ellos, esto no deja de ser una "tapadera" para reajustar al personal que fue de la Faffe (Fundación Andaluza de Fondo de Formación de Empleo), un organismo externo y semipúblico que se desmontó después de que la Cámara de Cuentas encontrara un agujero de cerca de 50 millones de euros. Faffe llegó a tener hasta 1.200 empleos que fueron recolocados y el PP denunció en numerosas ocasiones que no era otra cosa que una oficina de colocación para gente afín al PSOE. El pasado jueves el Constitucional desestimó un recurso del PP contra la ley de reorganización del sector público, bautizada por algunos medios como ley del enchufismo, que pretendería una administración paralela y con menos control. La Faffe sería, en este sentido, un modelo de administración paralela.

Los técnicos de formación no se meten en esa disputa pero recuerdan que los cursos investigados en la Operación Edu en Jerez fueron gestionados durante seis años por personal Faffe y no por ellos. Es el caso de la supervisión de los cursos de Delphi. Aseguran que en los cursos investigados ellos no accedieron ni a un 10% de la documentación. "El personal directivo de Faffe mandaba mucho, pero firmaba poco", asegura un técnico. En su escrito lo explican de la siguiente manera: "Fueron los máximos responsables de la situación caótica en la que se encuentra la FPE por el empeño de la Junta de poner en manos de personal externo la Formación Profesional en Andalucía sirviendo los escasos funcionarios y laborales que entonces trabajaron en dicho Servicio de coartada para dar apariencia de legalidad a lo actuado".