Opositores de Vigilancia Aduanera denuncian "graves irregularidades" en el último proceso de selección

Opositores al Servicio de Vigilancia Aduanera han denunciado "graves irregularidades" en el último proceso de selección, por lo que han pedido la intervención directa del presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), dependiente del Ministerio de Hacienda, y el apoyo de las principales centrales sindicales. Los afectados, entre los que hay un nutrido grupo de gaditanos, se han constituido incluso en una plataforma para intentar hacer así más presión en sus reinvindicaciones. De ellas, la más prioritaria para ellos es que la Administración cubra las 70 plazas en el servicio que se han dejado vacantes.

Esta denuncia parte de los opositores al Servigio de Vigilancia Aduanera de las especialidades de Investigación y Marítima. La resolución de la AEAT publicada en el BOE del 28 de diciembre de 2024 se ofrecía 160 plazas para la especialidad de Investigación del Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, una convocatoria que desde esta plataforma entendían como "clave para asegurar el relevo generacional y para reforzar las capacidades operativos de este cuerpo", que está especializado en la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el fraude fiscal.

Sin embargo, la resolución del tribunal calificador del 9 de septiembre de 2025 declaró como aptos únicamente a 90 aspirantes, dejando hasta 70 plazas sin cubrir, es decir, el 44% del total ofertado. Es más, los perjudicados por esta decisión aseguran incluso que al principio el tribunal sólo valoraba cubrir 30 plazas, algo que, afirman, "genera aún más incertidumbre sobre los criterios aplicados y pone en duda la coherencia y la buena fe del procedimiento".

En un comunicado que han hecho público, esta plataforma de opositores ha desglosado hasta siete irregularidades que según su opinión "cuestionan la legalidad y la transparencia del proceso". Por ejemplo, citan la ausencia de criterios públicos de corrección y valoración, lo que, indican, contraviene la base 11.11 de la propia convocatoria. Y trambién destacan que las evaluaciones se han realizado sin que existiera una motivación individualizada, "lo que impide conocer cómo se ha valorado este ejercicio".

Otra supuesta irregularidad es la "opacidad" en la revisión de los exámenes, añadiendo al respecto que actualmente aún hay muchos opositores que siguuen sin conocer la puntuación detallada del examen escrito que hicieron el pasado 12 de julio. Del mismo modo, se asegura que en esta ocasión se ha hecho una "modificación unilateral de las reglas" respecto a convocatorias anteriores, "sin que se haya hecho una explicación o una publicación oficial" al respecto.

La denuncia también apunta a una falta de anonimato en los exámenes "al exigirse su entrega en sobres identificados con los datos personales del opositor", la inexistencia de mecanismos de recursos reales y eficaces, sin respuesta a reclamaciones individuales, y también que haya una desprotección jurídica y administrativa de los aspìrantes, que carecen así de cauces ágiles para ejercer su derecho a revisión y acceso a la información.

En opinión de los opositores, este conjunto de actuaciones supone "una clara vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", añadiendo que también contraviene los principios de objetividad, transparencia y buena administración consagrados en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, así como el Código Ético de la AEAT, que exige integridad, imparcialidad y respeto al interés general en todos sus procedimientos.

Los aspirantes subrayan que concurren a esta oferta de empleo público motivados por una profunda vocación de servicio y la devoción de servir a los ciudadanos. “No buscamos privilegios, solo justicia. Hemos dedicado años de esfuerzo, preparación y sacrificio con la legítima aspiración de servir al Estado. Y resulta especialmente grave que la Administración nos devuelva indefensión, impotencia y frustración a través de un sistema opaco que debilita la confianza ciudadana en la AEAT”, señala un portavoz de la plataforma.

Estos opositores han remitido escritos al presidente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT y a los secretarios generales de las principales organizaciones sindicales con representación en el sector público, esto es, UGT, CCOO, SIAT, CSIF y CIG. A ellos les piden su intervención "para restablecer la justicia y garantizar un proceso justo, transparente y legítimo".