El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha cumplimentado a lo largo del pasado mes de agosto la segunda fase del plan estatal de pago a proveedores, lo que ha supuesto un desembolso de casi 70 millones de euros (en concreto 69.827.494 euros) en la provincia de Cádiz. En esta segunda fase han quedado saldadas un total de 4.002 facturas que llevaban años sin ser abonadas.

La medida dispuesta por el Gobierno central ha beneficiado en esta segunda fase a 229 proveedores a los que 17 entidades locales adeudaban el pago por materiales o servicios. De este total de proveedores, 160 son pequeñas y medianas empresas (un 69,9%), 45 son personas físicas (un 19,6%) y las 24 restantes son grandes empresas (el 10,5% del total).

El subdelegado del Gobierno central en Cádiz, Javier de Torre, destacó ayer el apoyo de la Administración estatal a los pequeños y medianos empresarios y a los proveedores particulares de la provincia "que gracias a las medidas económicas contempladas en el Plan para la Erradicación de la Morosidad en las Administraciones Públicas van a salvar sus puestos de trabajo", dijo. Del mismo modo, De Torre indicó que gracias a estas ayudas se salvan de la quema "empresas que estaban en peligro de cierre por las deudas que algunas entidades locales arrastraban con ellos".

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha procedido al abono de las facturas pendientes de estos proveedores a través de la extensión del plan de pago que se aprobó este año para deudas anteriores al año 2012. En esta segunda fase se incluían también las deudas que mantenían las mancomunidades, ya que estas entidades supramunicipales se habían quedado fuera de la primera fase, que contemplaba exclusivamente los débitos de los ayuntamientos.

La suma de estas dos fases supone que el Ministerio de Hacienda ha abonado en la provincia de Cádiz un total de 127.355 facturas que tenían pendientes de cobro 5.761 proveedores de ayuntamientos y mancomunidades. El total del dinero abonado por el Estado asciende hasta los 1.012,42 millones de euros. En la primera fase se beneficiaron 5.532 proveedores, abonándose 942,5 millones de euros de un total de 123.353 facturas.

Actualmente, el Ministerio de Hacienda tiene en marcha ya la tercera y última fase de este plan, cuyo plazo de aceptación por parte de los proveedores finaliza el próximo viernes día 6 de septiembre. En la misma se pueden incluir las obligaciones pendientes de pago con los proveedores siempre que sean vencidas, líquidas y exigibles con anterioridad al 31 de mayo de este año.

Como novedades está la inclusión de las obligaciones adquiridas por las universidades públicas, las derivadas de indemnizaciones por expropiaciones reconocidas en sentencia judicial firme o las transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. Igualmente se aplica una protección a los subcontratistas y al resto de acreedores de los proveedores de los que las administraciones públicas son deudoras.