inmigración

Las llegadas de menas en pateras aumentan un 200% en 2018

  • La Memoria de la Fiscalía advierte del desbordamiento de la capacidad de recepción

  • Andalucía alberga a la casi la mitad del total de menores acogidos o tutelados

Varios inmigrantes rescatados de pateras, a su llegada a Puerto América a comienzos de mes. Varios inmigrantes rescatados de pateras, a su llegada a Puerto América a comienzos de mes.

Varios inmigrantes rescatados de pateras, a su llegada a Puerto América a comienzos de mes. / Fito Carreto

La Fiscalía General del Estado advierte en su Memoria 2018 del “incremento espectacular” de la llegada de menores extranjeros no acompañados en patera, un 199,61 % más respecto a 2017, y del desbordamiento de las capacidades de recepción y asistencia de las entidades públicas encargadas de su adecuada atención. En concreto, durante 2018 han sido localizados 7026 menas llegados a España por vía marítima, frente a los 2345 de 2017: en efecto, un aumento compartivo de casi un 200% en los menores que llegan en embarcaciones precarias.

Al igual que otros años –destacó la Fiscalía– no se disponen de datos cuantitativos sobre los menores que han llegado a España a través de Ceuta y Melilla, ocultos en los bajos de algún vehículo o por vía aérea. Además, este año llegaron a España un total de 766 niños –383 niñas y 372 niños, en su mayoría de la República de Guinea y Costa de Marfil– acompañados de adultos que afirmaban tener relación con el pequeño. De las pruebas de ADN realizadas para determinar la filiación, la mayor parte dieron resultado positivo (318 de las 370 obtenidas).

En total, en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) figuraban inscritos, a fecha de 31 de diciembre 2018, un total de 13.796 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección (en 2017 eran 6414). De ellos 12.825 son niños y 971, niñas. La mayoría de ellos proceden de Marruecos. En consecuencia, en 2018 se ha producido un incremento de un 115% de los inscritos en 2017: casi la mitad de los tutelados en todo el país se encuentran en la comunidad autónoma andaluza (6294).

Ante estas cifras, la Fiscalía invita a una “seria reflexión” y pide una “actuación conjunta y coordinada” de las distintas administraciones implicadas, señalando la “precariedad de los medios materiales de las autonomías para afrontar la protección de los menores”, generando un “malestar social” que, además, se une al peligro de abocar a esos menores a la delincuencia y la marginalidad.

En lo referente a la atención a menores extranjeros no acompañados, la Fiscalía General del Estado interviene en los expedientes de repatriación –apenas significativos– y de determinación de edad. Al respecto, durante 2018 se incoaron 12.152 diligencias: más del doble que en 2017, y seis veces más que los procesos iniciados en 2016. La provincia de Cádiz es la que registra un mayor número de casos abiertos (4113), seguida por Barcelona (1853), Almería (1192) y Granada (1115). En la mayoría de estas diligencias, ha prevalecido el resultado de minoría de edad, aunque tanto en Almería (50%) como en Cádiz (52,6%) estaban muy igualados.

La última Memoria fiscal incide, también, en la inexactitud de algunas de las actuales pruebas para calibrar la edad. Así –señala el informe–, en Andalucía se emplea “como regla general la radiografía del hueso carpo sin aportar pruebas complementarias como la ortopantomografía o la clavícula con una inexistente o excepcional intervención del forense o del radiólogo”. La dificultad de realizar una medición certera se traduce, por ejemplo, en los diez casos de las 23 alegaciones de minoría de edad en Madrid que no pudieron determinarse.

El año pasado, de hecho, el Comité de Derechos del Niño condenó por primera vez a España basándose en cuestiones como el amplio margen de error de la prueba radiológica basada en el atlas de Greulich y Pyle, la ausencia de un peritaje psicológico y de madurez o que no se cuente con un representante legal con competencias lingüísticas adecuadas, entre otras. Así, desde la propia Fiscalía se ha propuesto elaborar un protocolo uniforme para todo el territorio español, de carácter multidiscipliar y respetuoso con los derechos humanos.

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