El juicio por el secuestro de Rafael Ávila comenzará el 14 de marzo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha señalado para el próximo 14 de marzo el inicio del juicio por el secuestro del empresario sanluqueño Rafael Ávila. La vista oral, de acuerdo con el calendario previsto, comenzará ese día, lunes, continuará hasta el viernes, y se reanudará y terminará el siguiente lunes, día 21. Serán seis jornadas en el Palacio de Justicia de la capital gaditana para juzgar a los ocho acusados de participar en la detención ilegal de Ávila. El magistrado ponente es Javier Gracia Sanz.

Rafael Ávila Tirado permaneció encadenado y drogado 16 días. Hasta que los Geos lo liberaron, el 18 de junio de 2008, en un chalé en Almonte. El supuesto cabecilla del secuestro es Luis Miguel Rodríguez Pueyo, para quien la Fiscalía solicita 28 años de prisión. Conocido estafador, el fiscal lo acusa de nueve delitos: dos de falsificación de documento oficial (por hacerse pasar por un hermano suyo, muerto) y uno de usurpación de estado civil; asociación ilícita, hurto, detención ilegal, contra la integridad moral, contra la salud pública y lesiones. La acusación particular, ejercida por la familia del secuestrado, reclama para Pueyo 32 años de prisión.

Junto a Pueyo, están procesadas siete personas más, de las que cinco son consideradas también autoras del secuestro. Se trata de sus hijos Miguel y Luis Antonio Rodríguez de Sousa , su amigo de las juergas de antaño en el caso Arny, por el que Pueyo fue condenado, Manuel Ibáñez, el empresario sanluqueño que le alquiló un local a Ávila, y las dos personas que cuando fue liberado Ávila, estaban en el chalé, actuando supuestamente como guardianes: Raúl Brey, primo del líder del PP Mariano Rajoy, y dueño de la casa, y el joven José Antonio Giles Rodríguez, al que Pueyo conoció en el Arny y al que iba a pagar por el rapto en metálico y en especie con 100.000 euros y cocaína y hachís.

Para estos cinco acusados, el fiscal solicita 22 años de prisión por seis delitos. A los hermanos Vanesa y José María Hidalgo García, a quienes considera piezas menores de la organización, los acusa de complicidad en el secuestro y solicita para ellos cinco años de prisión.

Cuando declaró tras su detención, Pueyo aseguró que fue obligado a secuestrar al empresario sanluqueño tras ser amenazado de muerte por miembros de una banda del Este.