El laberinto judicial que envuelve a los cursos de formación de los ex trabajadores de Delphi se enreda aún más. El juzgado de lo Social Número 2 de Cádiz ha vuelto a desestimar la demanda presentada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que reclamaba la devolución de los subsidios de desempleo percibidos al término de los cursos al considerar que no existió una relación laboral durante su impartición.

El juicio se ha celebrado la pasada semana después de que el TSJA ordenara su repetición para incluir a las empresas que impartieron la formación. El magistrado reitera los argumentos de su primera sentencia y considera que no se puede calificar los hechos como simulación ya que "no hubo empresa ficticia ni actividad inexistente". Además, insiste en que que para se pueda considerar como fraude debe existir "una intención maliciosa" de violar la ley, algo que la propia Inspección de Trabajo descartaba en sus informes, donde estipulaba que "no hay dolo, negligencia ni participación de los demandados".

El juez también rechaza la alegación del SEPE de que la actividad de los trabajadores no era una relación laboral, sino formativa. Según el fallo, sí era una relación laboral al concurrir varias de sus características. "El contrato no era por acabar una obra o producto material, sino prestar un servicio: acudir y recibir formación, con sujeción a horario decidido por el empleador; estaban obligados a estar físicamente en un lugar determinado por el empresario y a permanecer a su disposición", relata la sentencia.

"Considero que en nuestro caso no hay un desempleado que recibe formación, sino que dejó de ser desempleado desde el primer día que estuvo sujeto a un empresario", señala el juez.

El fallo, que no es firme, afecta a 167 de los más de 400 demandados por el SEPE, cuyas causas se han repartido por tres juzgados diferentes. En el caso del juzgado número 2 de lo Social, se han agrupado en un único procedimiento. Sin embargo, en los otros dos juzgados se han instruido de forma individual y las sentencias han sido contrarias a los trabajadores.

El problema estriba en que el TSJA también también ha ordenado repetir los juicios celebrados en estos juzgados para que el SEPE incluya en su demanda a las empresas que impartieron la formación, y éstos están señalados para finales de 2020 y principios de 2021. En caso de que los fallos sean recurridos, el TSJA no se pronunciaría hasta 2023 como muy pronto, según han indicado fuentes jurídicas.

El secretario general de FICA-UGT Cádiz, Antonio Montoro, ha valorado la sentencia al señalar que "una vez mas el Juzgado número 2 nos vuelve a dar la razón". "En ningún caso los trabajadores son responsables de esta situación, como siempre ha defendido UGT", ha señalado.

"Esta sentencia es recurrible, pero entendemos que nos da tiempo para lo que siempre hemos solicitado, una solución política. Estamos en esta pesadilla por una decisión política para resolver un problema social en Cádiz que se produjo en 2007 y que sigue actualmente, ya que tenemos una tasa de desempleo en la provincia de Cádiz del 24% la más alta de Europa", ha incidido.