Alcaldes de Izquierda Unida de la provincia, liderados por el de Medina, Fernando Macías, han descubierto las irregularidades que, según un informe de Diputación, se han producido en el pasado en la gestión de residuos. Este informe, que IU califica como “demoledor”, fue redactado en marzo del año pasado, pero ellos no lo han conocido hasta ahora, cuando en el seno de las reuniones del consejo de este órgano independiente, pidieron la documentación disponible. Entre ellos se encontraba un informe que no se hizo público y que firmaba la vicesecretaría general de Diputación.

Las irregularidades, que los alcaldes detallarán al hacer público el informe, tienen que ver con el procedimiento para la cesión de la gestión de la planta de Miramundo o la aplicación de la tarifa única. Se centran, además, en la gestión que habría realizado la empresa Bioreciclaje, que tiene la concesión de la planta.

Con este motivo, los alcaldes han pedido que se convoque de inmediato la junta general del Consorcio para los Residuos Urbanos. “Habida cuenta de que se trata de un servicio básico municipal y que, a quienes nos corresponde tomar las decisiones lo hagamos con todas las garantías técnicas y jurídicas para quienes ordenan el mismo solicitamos la reunión inmediata de la junta general”, reza el burofax remitido esta misma mañana al Consorcio por los alcaldes.

El Consorcio está presidido por el vicepresidente de de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, que ayer no quiso ser muy explícito sobre este informe “que se realizó antes de mi llegada a la presidencia, que fue en octubre pasado. Desde entonces hemos trabajado para subsanar algunas situaciones y hemos actuado en consecuencia”. Sobre la situación de la empresa concesionaria, Ruiz Boix se limitó a decir que “a Bioreciclaje de Cádiz le hemos pedido una serie de cosas y ellos también nos han pedido otras a nosotros”. Lo que sí quiso subrayas es que “todo lo que se diga en ese informe, que ahora no sé muy bien cuál es”, se produjo mucho antes de mi llegada al Consorcio”.

Aunque el presidente defiende la transparencia de los órganos rectores, como demuestra que entregaran el informe cuando se solicitó, los alcaldes quieren saber por qué no se les remitió este informe nada más finalizarse, a que todos ellos son miembros del Consorcio. Ahora quieren información sobre cómo debe actuar cada ayuntamiento “en relación con el servicio que presta el Consorcio y para el cumplimiento de las obligaciones económicas de este ente local para con el mismo”.