El gobierno de Sanlúcar trata de solucionar la crisis de los vertidos en Bonanza

Tras las quejas de los vecinos de Bonanza por los últimos vertidos de aguas fecales en su playa, el Ayuntamiento de Sanlúcar ha iniciado esta semana los trabajos para reparar ese colector. Las obras, a cargo de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, Aqualia, se centran en la sustitución de un tramo de 120 metros de tubería afectado por una rotura detectada recientemente. Desde el gobierno local se ha cargado contra el PP, quien secundó la protesta de los vecinos la pasada semana, acusando de populista a la portavoz popular, Carmen Pérez, ya que se trata, según el Ayuntamiento, de un problema estructural que no se ha resuelto en gobiernos anteriores.

El teniente de alcaldesa responsable del Área de Hacienda e Infraestructuras, David González, y la delegada de Medio Ambiente y Playas, Carmen Pozo, visitaron la zona para comprobar el desarrollo de los trabajos, cuyo plazo de ejecución previsto es de aproximadamente dos semanas. La actuación se enmarca en una respuesta urgente a una avería que, según fuentes municipales, se ha visto agravada por la falta de mantenimiento e inversiones en la infraestructura durante más de tres décadas.

El aliviadero de Bonanza, cuya apertura temporal ha generado preocupación entre vecinos del entorno, tuvo que ser activado para evitar el desbordamiento de aguas residuales en áreas residenciales. Desde el Consistorio se ha subrayado que el cierre del mismo habría ocasionado un riesgo mayor para la población, pese a las quejas vecinales por la apertura de dicho aliviadero. La demora en el inicio de las obras, según han explicado los responsables municipales, se debió a la disponibilidad limitada de maquinaria por su uso en la reciente celebración de la romería de El Rocío.

Durante la visita, los representantes del gobierno local han señalado que los problemas actuales tienen su origen en una gestión prolongada sin solución estructural por parte de administraciones anteriores. También se ha aludido a la privatización del ciclo integral del agua en 2010, momento en el que la empresa Aqualia asumió las competencias sobre esta infraestructura. Tanto González como Pozo han destacado el compromiso del actual equipo de gobierno, encabezado por Izquierda Unida, para abordar estas deficiencias históricas. Aseguran que están fiscalizando la actuación de la empresa concesionaria y promoviendo soluciones estructurales a largo plazo.