La Audiencia Provincial inicia hoy la vista oral a la alcaldesa de Rota, Eva Corrales (PP), por un delito de prevaricación relacionado con unas contrataciones presuntamente ilícitas para realizar trajes de festividades locales que fueron justificadas como horas extras.

Por esta razón, la Fiscalía Anticorrupción exige una pena de cárcel para la regidora roteña de cuatro años y seis meses de prisión. Una comparecencia en calidad de imputada ante la justicia que tiene lugar a dos semanas de las elecciones autonómicas. Junto a Corrales, entre hoy y mañana se sentarán en el banquillo ocho imputados más, entre los que figura Lorenzo Sánchez (RRUU), primer teniente de alcaldesa y ex alcalde de Rota, e Ismael Puyana, ex edil del PP, entre otros.

La presunta irregularidad se produjo a raíz de una adjudicación irregular de contratos de suministro a un funcionario y a su esposa entre 2004 y 2010 para que éstos confeccionaran los trajes de las bandas de sirenas, ninfas de carnaval y damas de las fiestas patronales. Además, en estas contrataciones también se incluyeron la elaboración de otros ornamentos como dalmáticas y los trajes de maceros.

El fiscal considera probado que durante un cierto periodo de tiempo le fueron concedidos ilegalmente al funcionario M.G. estos contratos para su taller de costura por un valor de 42.363 euros, que le fueron abonados en su nómina como 4.398 horas extraordinarias incluso en periodos vacacionales o mediante cheques a su esposa.

El supuesto movimiento sospechoso para la justicia, por el que Corrales se sienta hoy en el Juzgado, tuvo lugar cuando ella era delegada de Fiestas y Relaciones Institucionales y Lorenzo Sánchez era el regidor de Rota.

Concretamente, para Eva Corrales la Fiscalía solicita cuatro años y seis meses de prisión y 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en el ámbito municipal. El Ministerio Público argumenta esta petición al entender que existe un delito continuado de prevaricación y otro delito de falsedad en documento oficial cometido por una autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, a Lorenzo Sánchez se le acusa de un delito de prevaricación continuada y se reclaman ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cualquier cargo de naturaleza electiva. Para el ex edil del PP Ismael Puyana también se piden cuatro años y medio de cárcel más diez de inhabilitación. El funcionario que recibió los beneficios ilegalmente estaría ante una pena de prisión de dos años y seis años de inhabilitación. En el caso de la esposa, ésta eludiría pena de privación de libertad pero se enfrentaría a seis años de inhabilitación. Para el resto de imputados, se exigen cuatro años y seis meses de cárcel más las inhabilitaciones.

Según ha podido saberse, IU instó a la Fiscalía a que investigara la situación ante la evidencia captada por el partido de supuestas anomalías en las horas extras de un funcionario. Una denuncia que, aseguraron en su día desde el partido, surgió de forma anónima al haber sido dejado un documento con información relativa al caso en el buzón de la sede de la formación en Rota. IU acabó comprobando la veracidad de que las horas no fueron realizadas en el lugar de trabajo. El escrito de calificación detalla que hubo un incumplimiento de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

El juicio llega en plena campaña electoral para hacerse con el máximo posible de escaños en el Parlamento de Andalucía. Al respecto, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, descartó hace unos días tomar medidas dentro del partido contra la alcaldesa imputada hasta "saber y conocer los resultados de la acción de los tribunales" y llama a esperar.