El servicio provincial de Consumo de la Junta de Andalucía ha sancionado a tres empresas de instaladores de gas butano y gas natural (dos con sede social en El Puerto y otra en Granada) que compartían el mismo sistema de funcionamiento cometiendo fraudes a los consumidores. La sanción administrativa asciende a un total de 246.000 euros y, en muchos de los casos, las infracciones cometidas se han calificado como graves.

La investigación, que dio comienzo hace ya varios meses, ha detectado que estas entidades que aparentemente operaban con el mismo modus operandi y formaban parte de la misma red, han podido facturar más de un millón de euros en los últimos tres años.

Según ha detallado López Gil, delegado de la Junta en Cádiz, "las empresas estaban constituidas legalmente, ya que hoy en día con la nueva legislación para poder actuar en este sector solo necesitan una declaración responsable". Así, ha explicado que el fraude se daba en la forma de actuar de estas sociedades, cuyos empleados se presentaban en las casas particulares sin previo aviso o petición de los titulares, portando ropa de trabajo con logos de la Junta de Andalucía y documentación con la que simulaban ser un servicio oficial, y asegurando a los usuarios que tenían la obligación de revisarles la instalación.

Aunque los clientes no les dejaran entrar en un principio, les amenazaban con el corte del suministro o con el miedo a que hubiera fallos en la instalación para acceder a las casas y, una vez allí, cambiaban conexiones, llegando incluso a romper tubos. "Luego les pasaban facturas que tenían que pagar en el momento. Llevaban incluso datáfonos", ha detallado López Gil.

Las facturas detectadas por Consumo son todas superiores a 80 euros, y algunas han alcanzado la cifra de 500. El delegado de la Junta ha señalado ha señalado que Consumo ha recibido "cientos de denuncias" por este hecho "de consumidores de todo tipo, condición social y edad", dando pie a la investigación realizada por Consumo y que ha derivado en esta sanción administrativa.

Además, desde la Junta también han llevado estos hechos a la Fiscalía por una doble vía: desde Consumo por falsedad documental, y desde Industria por fraude, una denuncia que ya ha sido admitida.

Según López Gil, las actuaciones para "cortar de raíz" la actividad de estas empresas se van a "coordinar" con otras administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, el delegado de la Junta en Cádiz ha anunciado que se va a convocar una reunión con el Ministerio de Hacienda, así como con Guardia Civil, Policía Nacional y el departamento de Industria de la Junta.

En el caso de Hacienda, la investigación ha descubierto que dos de estas empresas ni siquiera presentaban cuentas, y que otra tercera sí pero alegaba pérdidas de hasta 24.000 euros pese a que el volumen de las facturas detectadas era enorme.