"Me dijo: ¿crees que si hay algo ilegal te darían la hipoteca?"

La compradora de una vivienda construida sin licencia en Chiclana explicó ayer en la Audiencia Provincial cómo fue convencida de que no había problema alguno con la casa cuando, tras ir al Ayuntamiento, averiguó que había un expediente sancionador. "Me dijeron: quédate tranquila, ¿tú crees que el banco iba a darte una hipoteca si hubiese alguna ilegalidad? Me lo dijo el de la inmobiliaria. Y yo me quedé tranquila al cien por cien".

Fue uno de los testimonios que ayer, en un juicio sobre la venta de dos casas en Pago Melilla, vinieron a explicar el espinoso asunto de la construcción ilegal de viviendas. La compradora hablaba de lo que, según ella, le dijo el dueño de la inmobiliaria que intermedió en la venta, que también declaró como testigo. En el banquillo estaba el propietario de las viviendas, S.B., para quien el fiscal pidió nueve años y medio de prisión por estafa y otros delitos. Junto a él, también como acusado, estaba el arquitecto A.M., para quien el fiscal solicitó un año y seis meses de cárcel por falsedad documental: por elaborar un certificado de antigüedad falso con el que fue obtenida una inscripción de obra nueva; algo que permitía sortear una sanción urbanística por prescripción.

Los dos procesados negaron que hubiesen intervenido en una operación destinada a engañar a los compradores de las viviendas. El arquitecto no quiso contestar ni al fiscal ni a los abogados de las acusaciones particulares. A su abogado vino a decirle que probablemente fue engañado cuando visitó la parcela sobre la que certificó que había una construcción con más de cinco años de antigüedad: que había una inexactitud registral. El propietario de la parcela y de las viviendas que vendió dijo que él encargó un certificado pero sin saber exactamente cómo funcionaba todo ni que le podría llevar al banquillo: que él lo único que buscaba era legalizar su vivienda. Negó también que tratase de engañar a los compradores de las viviendas: ocultarles que había un expediente que podía conducir al derribo de las casas construidas sin permiso alguno.

La compradora de una de las viviendas, la que dijo que fue convencida de que la operación era legal con la apelación al banco y a la hipoteca, explicó que trató con el dueño de la inmobiliaria. Y que en principio no le advirtieron de nada y que, por el contrario, le mostraron una nota simple del Registro de la Propiedad que no advertía de irregularidad alguna y en la que la casa aparecía como levantada en terreno urbano o urbanizable. La mujer dijo que entonces, tras dar una señal, el de la inmobiliaria le dijo que si quería comprobar que todo estaba bien, acudiese al Ayuntamiento. Ella siguió el consejo. Y allí le entregaron un documento que advertía que sobre la casa había un expediente sancionador.

La testigo relató que el de la inmobiliaria le insistió no obstante en que estuviese tranquila, que no pasaría nada. Que fue entonces cuando llegó la alusión a la hipoteca y al banco: que un banco no concedería la hipoteca si hubiese alguna ilegalidad.

Para que se quedase aún más tranquila, explicó, le dijeron que en el contrato de compraventa de la vivienda incluían un anexo: un apartado en el que el vendedor se hacía responsable en caso de que el expediente diese lugar a cualquier sanción o la vivienda tuviese que ser demolida.

La mujer aclaró que no hubiese comprado la casa, en la que aún reside, si hubiese sabido que era ilegal. Y dijo que ha tenido que someterse a tratamiento psicológico a causa de este asunto.

El responsable del Registro de la Propiedad que en 2003 emitió la nota simple (que dice que es urbana una finca que aún hoy no es urbanizable) declaró después. El registrador no supo explicar qué hizo que en la nota un suelo rústico aparezca como urbano. Aunque no dejó de apuntar algunas posibilidades tras decir que "caben varias cosas" que expliquen esa incorrecta nota. Una de ellas, que "cabe que el empleado del Registro", al ver que había una vivienda, pusiese ya urbana, vino a decir el testigo. O que en otro documento figurase la finca como urbana, señaló. A lo que un abogado defensor le dijo que en absoluto está la finca mencionada como ubicada en suelo urbano en otro documento que no sea la tal nota simple.

El letrado también le preguntó al registrador acerca del control que había en 2002 sobre las inscripciones de obra nueva. Fue entonces cuando, con el certificado de antigüedad firmado por el arquitecto procesado, fue inscrita en el Registro una edificación que no existía en la parcela en la que después fueron levantadas dos casas (las luego vendidas).

El registrador dijo que su misión no era localizar la finca en el terreno, sino inscribir la obra nueva que venía avalada por el certificado del técnico, notificárselo al Ayuntamiento (por si había algún problema con la finca) y "santas pascuas".

El Ayuntamiento debería haber notificado después al Registro que en la finca en cuestión no existía la edificación cuya existencia certificaba el arquitecto. Pero ese paso no lo dio el Ayuntamiento. "Yo intento cumplir la ley", dijo el registrador ante las preguntas del abogado.