Hace un año que el centro lúdico gastronómico de la urbanización Roche está cerrado por orden municipal para cesar la actividad. Los vecinos arrendatarios, tras una concesión de la comunidad de propietarios, han emprendido una batalla judicial contra el Ayuntamiento de Conil por lo que entienden es un "acoso" con decretos contrarios y un "agravio" respecto a otros establecimientos del entorno. Ahora, la Fiscalía ha aceptado su denuncia, y ha incoado diligencias de investigación, que habrá que esperar a ver cómo concluyen.

La historia de este centro lúdico gastronómico, el único que estaba abierto en la urbanización en invierno y donde trabajaban de cuatro a ocho personas según la temporada, tiene detrás numeroso papeleo de un lado y otro. Lo curioso, destacan los denunciantes, es que el Ayuntamiento dio el visto bueno a la licencia de obras y no sólo una vez, sino hasta en cuatro ocasiones y firmada además por distintos responsables como el concejal de Urbanismo o la secretaria general del Ayuntamiento, tal y como las hicieron llegar a este medio. Así, en agosto de 2010, este centro abrió por primera vez sus puertas tras la concesión, los informes favorables y la inversión hecha por estos arrendatarios, apuntan.

Por eso no entienden cómo después de esto y "de seguir los pasos que nos iban marcando", han venido una serie de informes en contra, inspecciones de todo tipo y varias multas, una de ellas de hasta 20.000 euros por la Ley del Espectáculo y que, según defienden, "sólo tienen la intención de amedrentarnos".

Tras un año abierto, en septiembre 2011, se recibió el primer varapalo del Ayuntamiento, con informe desfavorable por la Calificación Ambiental de la actividad. En diciembre del mismo año, el Consistorio ordenaba "el cese y desmontaje de cuantos elementos se hubieran instalado para actividad asimilada a restaurante, bar, cafetería , pubs o bares" y a finales de enero de 2012 imponía una multa de 6.000 euros por incumplimiento de la misma, a pesar de las alegaciones presentadas. Todo este proceso está en manos del Juzgado de lo contencioso administrativo. Los arrendatarios insisten en que todo estaba en regla, con sus proyectos hechos, y no entienden este cambio de actitud.

Ante la Fiscalía, que aceptó su denuncia a mediados de febrero, han llevado además lo que creen un agravio comparativo respecto a otros establecimientos y han presentado escritos para que el Ayuntamiento les dé información sobre ellos como parte interesada. "Hemos pedido hasta diez, y sólo hemos recibido uno", afirman. "Hay negocios que funcionan sin un papel y el Ayuntamiento es arbitrario en el cumplimiento de la legalidad vigente. A diferencia de lo ocurrido en nuestro caso, no utiliza sus desbordantes facultades de orden público, para restablecer si así procede, la legalidad urbanística vigente", explican en su denuncia ante la Fiscalía. A día de hoy siguen sin tener la documentación pedida. "Sólo estamos luchado por nuestro trabajo".