El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz denuncia el "desprecio" de la Diputación hacia un convenio que beneficiaría a pequeños municipios 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, distinguido con la Placa de Oro de la Provincia de Cádiz en 2010, expresa públicamente su "profunda indignación" por la reiterada falta de respuesta de la Diputación Provincial de Cádiz a la propuesta de colaboración planteada hace ya dos años por la entidad colegial.

El colegio, presidido por José Blas Fernández Sánchez, ha solicitado en numerosas ocasiones mantener una reunión con la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, o con algún miembro de su equipo de gobierno, con el objetivo de cerrar un convenio de asesoramiento jurídico-laboral gratuito destinado a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Sin embargo, señala José Blas Fernández, "estas peticiones han sido ignoradas de forma reiterada, a pesar de las múltiples comunicaciones oficiales y contactos telefónicos mantenidos desde noviembre de 2023.

“El silencio administrativo con el que se nos ha respondido solo puede calificarse de desprecio hacia una iniciativa que no persigue otra cosa que prestar apoyo social y jurídico en materias tan sensibles como pensiones, jubilaciones, prestaciones familiares, desempleo, despidos o invalidez. Es incomprensible que un proyecto de tanto beneficio para la provincia ni siquiera haya sido estudiado con rigor”, ha señalado José Blas Fernández.

Desde Presidencia de la Diputación se encargó al vicepresidente primero, Juan José Ortiz, la atención a los graduados sociales. Sin embargo, pese a la insistencia de este colegio, nunca se ha producido dicha reunión. Finalmente, "la respuesta por escrito dada el pasado 22 de septiembre, con argumentos económicos no analizados ni contrastados, ha colmado la paciencia de la institución colegial", apunta el presidente de la corporación colegial.

“En otras provincias este mismo convenio funciona con éxito. Por ejemplo, en Almería se puso en marcha un Servicio de Orientación Jurídico-Laboral Gratuito en municipios de menos de 20.000 habitantes, dirigido tanto a trabajadores como a empresarios. Dicho servicio es atendido por graduados sociales colegiados y permite a la ciudadanía obtener asesoramiento gratuito y previo al proceso, evitando conflictos judiciales innecesarios y analizando la viabilidad de sus reclamaciones”, asegura José Blas Fernández, en consonancia con la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

El convenio ofrecido por los graduados sociales regularía la prestación de este servicio en materias clave: prestaciones de la Seguridad Social (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y prestaciones familiares); trabajadores (despidos, reclamaciones salariales, desempleo, derechos y deberes laborales); emprendedores (orientación en la creación de empresas y contratación de personal); y extranjería (relaciones laborales de extranjeros en España).

La Diputación daría apoyó con el diseño del material informativo, web y una dotación económica destinada a cubrir los gastos básicos de la actividad de los graduados sociales participantes en esta iniciativa.

“Lo que pedimos para Cádiz no es una quimera: ya existe, ya funciona en otra provincia andaluza y está mejorando la vida de miles de ciudadanos. No hablamos de un gasto superfluo, sino de un servicio esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la justicia social. No aceptar siquiera debatirlo es una falta de sensibilidad y compromiso institucional”, mantiene el presidente del Colegio.

“No entendemos este desprecio institucional hacia los graduados sociales de la provincia por parte de la Diputación, que tantos convenios millonarios firma con terceros y entidades de ámbito privado, máxime con un colegio como el nuestro que es el único que goza de la Medalla y Placa de Oro de la provincia”, finaliza José Blas Fernández Sánchez.