Graduados sociales de Cádiz: "Los jueces tienen derecho a vacaciones, pero nosotros también"

Durante todo el mes de agosto se han celebrado únicamente cuatro juicios en toda Andalucía en el ámbito de la jurisdicción Social: dos en Jerez el día 5 para resolver un conflicto laboral por vacaciones, uno en Córdoba también por un asunto de vacaciones el día 7 y uno en Málaga el día 22 por un procedimiento de medidas cautelares. Así lo ha confirmado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, al Consejo Andaluz de Graduados Sociales, liderado por el gaditano José Blas Fernández.

Es cierto que agosto es inhábil en Justicia. La Ley establece, como norma general, que este mes es inhábil para todas las actuaciones judiciales, es decir, el juzgado no “trabaja” excepto para asuntos urgentes. Sin embargo, aunque el ritmo disminuye significativamente en las distintas jurisdicciones (Penal, Civil, Contencioso-Administrativa...), no todos los plazos se suspenden ni toda la actividad se paraliza en las semanas de verano.

Ocurre así que en la jurisdicción Social los días de agosto son inhábiles salvo para determinadas materias, que son: las modalidades procesales de despido, en casos de extinción de contrato de trabajo de los artículos 50, 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, cuando se produzca una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensiones de contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando entran en conflicto los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la impugnación de altas médicas, vacaciones, materia electoral, así como los asuntos de tutela de derechos fundamentales y conflictos colectivos, según establece la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción Social en su artículo 43, apartado 4.

Agosto tampoco es inhábil para la adopción de actos preparatorios y medidas cautelares en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Las actuaciones del ámbito Social que “no descansan” por su carácter urgente en agosto son, por tanto, numerosas. Y eso provoca que abogados y graduados sociales se vean obligados a cumplir con los trámites y plazos que exige la citada ley para resolver, en tiempo y forma, los asuntos que estén tramitando a pesar de que no se celebren juicios.

Por ello, el presidente del Consejo Andaluz de los Graduados Sociales advierte que los operadores jurídicos son "víctimas" de esos plazos, lo que les impide disfrutar de sus vacaciones. "No tenemos descanso. Nos llegan notificaciones que debemos contestar en el plazo estipulado y así no hay forma de conciliar ni de desconectar", explica José Blas Fernández. "Los jueces tienen derecho a vacaciones, perfecto; pero nosotros también", remata.

Con el año judicial recién estrenado en septiembre, José Blas Fernández señala que ahora llega una "avalancha" de asuntos que no se han tramitado, lo que entorpece aún más los ritmos de la Administración de Justicia, ya de por sí artríticos. "En los Juzgados de lo Social de Cádiz (hay cuatro en la capital gaditana, tres en Jerez y dos en Algeciras) se están señalando juicios para el año 2029 y eso es inaceptable, la justicia debe ser ágil".

Desde el Consejo Andaluz de Graduados Sociales proponen como solución que durante el mes de agosto haya un juzgado de guardia que atienda los procedimientos del ámbito Social. "Igual que se organizan las empresas privadas, igual que no cierran todos los quirófanos de los hospitales públicos, los juzgados deben funcionar en agosto". Un mes, apunta José Blas Fernández, en el que, por norma general, se registran muchos despidos y en el que la Inspección de Trabajo realiza una intensa labor ante posibles fraudes. "Las relaciones laborales se agudizan y, sin embargo, nadie cumple la Ley, sólo los operadores jurídicos", concluye.