El drástico proceso de reestructuración y concentración que sufre la banca desde 2008 no se ha traducido en una merma de la cobertura en los municipios más pequeños de la provincia de Cádiz, como sí ha ocurrido en otras zonas de España. Ésta es una de las conclusiones a las que llega el estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Distribución de la población y accesibilidad a los servicios en España en el que colabora Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, y autor de varios trabajos que son referencia en el ámbito de la exclusión financiera.

La red de sucursales de bancos y las antiguas cajas de ahorro alcanzó en septiembre de 2008 su máxima expansión en España. Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria barrió el mapa financiero de España, donde se ha pasado de casi medio centenar de cajas de ahorros y una veintena de bancos a un mercado concentrado en menos de una decena de grandes entidades financieras.

Una de las consecuencias es el cierre generalizado de oficinas en uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de bancarización. De las 46.118 oficinas existentes en septiembre de 2008 se ha pasado a 22.392 en diciembre de 2020, lo que supone prácticamente un 51% menos.

La provincia de Cádiz calca este porcentaje. Al cierre del tercer trimestre de 2008 la provincia contaba con una red de 805 sucursales de entidades financieras, mientras que acabó 2020 con 401 oficinas, lo que supone una reducción del 50%. Y esas cifras no son definitivas, ya que es previsible que operaciones como la fusión de Caixabank y Bankia se traduzca en la clausura de más sucursales solapadas.

En otras provincias el cierre de oficinas ha sido aún más acusado, como Barcelona, Tarragona, Castellón o Gerona, donde la red se ha contraído más de un 60% según los datos del IVIE. “Una caída tan intensa en la red de oficinas no implica necesariamente un problema de exclusión financiera siempre que exista al menos una oficina cercana al lugar de residencia de la población o, en caso de que no haya ninguna, existan otros canales de acceso a los servicios fi financieras como la banca online”, explica el estudio.

No obstante, el informe advierte de la existencia de colectivos de población vulnerables “para los que no tener acceso a una oficina bancaria sí puede ser sinónimo de exclusión financiera. Nos estamos refiriendo a personas que viven en municipios donde no llega internet, que no tienen dispositivos a través de los que conectarse a la red, o no tienen las habilidades mínimas necesarias para utilizar la banca online”, señala el informe.

Recién publicado el informe sobre la accesibilidad de la población española a los servicios (sanidad, educación y oficinas bancarias). Con datos de tiempos de acceso a hospitales, colegios, bancos, etc. https://t.co/dSL6pZOti6 a través de @ivie_news

— Joaquín Maudos (@JMaudos) May 25, 2021

En Cádiz el porcentaje de población sin una oficina bancaria física en su municipio es muy bajo. Afecta a tres municipios que concentran apenas el 0,3% de los habitantes de la provincia, lo que vuelve a ser uno de los más bajos de toda España. Destacan en el extremo opuesto Zamora, donde casi uno de cada tres habitantes no tiene una sucursal en su municipio, seguida de Ávila (22,9%) y Segovia (21,7%).

Uno de los problemas de la falta de oficina es la inexistencia de un cajero donde poder retirar dinero en efectivo. Para paliar esta carencia, Villaluenga del Rosario lanzó hace un par de años una iniciativa pionera, al promover desde el Ayuntamiento la instalación de un cajero automático. Villaluenga también es uno de los veinte municipios de España de menos de 3.000 localidades donde Correos instalará un cajero de la mano de Euro Automatic Cash, compañía respaldada por Banco Santander y Credit Mutuel.