Caso Parking: Los técnicos del Ayuntamiento de Rota discreparon sobre la tramitación del aparcamiento
Las áreas de Patrimonio y Planeamiento del Consistorio mantuvieron criterios diferentes sobre la gestión del proyecto, según los testigos que declararon este lunes en la Audiencia de Cádiz
Arranca el juicio al ex alcalde de Rota Lorenzo Sánchez por el caso Parking
Un expediente de permuta o un convenio urbanístico. Esa fue la disyuntiva que se planteó este lunes en la Audiencia Provincial de Cádiz durante la primera sesión de la vista oral por el caso Parking, un asunto que pretende esclarecer la supuesta permuta ilegal de suelos municipales en Rota a cambio de la construcción de un aparcamiento subterráneo en el centro histórico de la localidad entre los años 2006 y 2007. En este procedimiento, acude juicio como acusado el que fue regidor por Roteños Unidos (RRUU) desde 2003 hasta 2010, Lorenzo Sánchez, al que la Fiscalía considera responsable de los delitos de prevaricación y fraude a la administración. La acusación pública procesa además a Antonio Peña, quien fue concejal de Urbanismo en Rota y posteriormente alcalde de Chipiona; a los empresarios Felipe y José Castellano por lograr supuestamente a dedo la adjudicación de la obra pública; y a un arquitecto. Todos declararán en las últimas sesiones del juicio a final de esta semana.
Durante la primera sesión, acudieron como testigos el secretario y el interventor del Consistorio roteño a la fecha de los hechos, además de Eva Corrales, delegada de Planeamiento entonces. El debate abierto a partir de las preguntas formuladas por el fiscal y las defensas de los encausados sobre la tramitación del convenio que desembocó en un equipamiento público "necesario" para la ciudad mantuvo un tono eminentemente administrativo, más que penal.
Así, el que fue secretario del Ayuntamiento de Rota entre 1989 y 2015, Juan Carlos Utrera, defendió ante el tribunal de la Sección Tercera -encargado de juzgar el caso- que "la alternativa más favorable para el interés general" pasaba por "la construcción de un parking a cambio de una cesión de suelo". Pese a ello, el ex secretario afirmó que existían "ciertas discrepancias" entre dos áreas municipales implicadas en el procedimiento: Patrimonio y Planeamiento. Así, según explicó Utrera, mientras que los técnicos de Patrimonio valoraban que este proyecto debía tramitarse como un expediente de permuta, los de Planeamiento consideraban que la fórmula correcta era un convenio urbanístico de gestión.
"Yo siempre entendí que se trataba de un expediente permuta", insistió el ex secretario. "Era una obra muy importante, yo no quería meter la pata, por eso pedí información a una técnico de Patrimonio para aclarar si el convenio de permuta era compatible con el urbanístico", añadió. Y aunque desde Patrimonio confirmaron que, efectivamente, la permuta era la modalidad idónea, finalmente prevaleció el criterio de los técnicos de Planeamiento, esto es, se gestionó como un convenio urbanístico porque, según argumentaron, "el parking era una actuación sistemática".
Asimismo, Juan Carlos Utrera testificó que no vio "ninguna ilegalidad manifiesta" en el proyecto y que no recibió órdenes respecto al mismo "ni de Lorenzo Sánchez ni de ningún otro político". No obstante, manifestó su disconformidad con el hecho de que el parking se inaugurase "antes de la tramitación total del convenio".
En la sesión celebrada este lunes en el Palacio de Justicia de Cádiz también prestó declaración como testigo Miguel Fuentes, interventor del Ayuntamiento de Rota desde 1993 hasta 2010 aunque con periodos interrumpidos. Fuentes indicó que el convenio del aparcamiento objeto de litigio era "excepcional" por varios motivos. En primer lugar, señaló que las obras no estaban adjudicadas antes de que arrancaran, un extremo éste que matizó después a preguntas de las defensas, cuando argumentó que las permutas no están sujetas a la Ley de Contratos del Sector Público. El ex interventor habló también de falta de consignación presupuestaria, un déficit que se solventó con "remanentes de años anteriores". Apuntó además que la fecha de aprobación del convenio fue "tardía" respecto a su ejecución y que las obras se certificaron años después, en 2010, con cierto "desfase en la fiscalización". Pese a estas particularidades, el que fue interventor informó favorablemente sobre la puesta en marcha del equipamiento.
Por último, Miguel Fuentes negó presiones para favorecer a la sociedad Promociones Castellano, una empresa local con la que el Ayuntamiento había suscrito numerosos contratos, por lo que era "habitual" recurrir a las "compensaciones de deudas" para amortizar los servicios prestados por la entidad. "Era lo más cómodo para las dos partes", precisó.
Sentir político unánime
Eva Corrales, ex delegada de Planeamiento del Ayuntamiento de Rota por el PP (partido que fue socio gobierno de Roteños Unidos), reiteró este lunes que "hubo un desencuentro" entre los propios técnicos sobre la manera de formalizar la permuta de suelo para construir el parking de La Merced en la Villa.
La que también fue alcaldesa popular de Rota indicó que el Ayuntamiento tenía consignación presupuestaria para llevar a cabo este aparcamiento y que ni el secretario ni el interventor pusieron reparos a la actuación.
Corrales manifestó que "el sentir político de la corporación municipal" respecto a este parking era "unánime". "No hubo debate, incluso el PSOE, en la oposición, hablaba de acierto", especificó, para luego rematar que los socialistas hasta incluyeron esta iniciativa en sus campañas electorales con anterioridad.
Eva Corrales, Juan Carlos Utrera y Miguel Fuentes coincidieron en afirmar que todos los gobernantes locales, con independencia del color de sus siglas, estaban interesados en sacar adelante este aparcamiento en el centro de Rota.
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