El Gobierno ha blindado el Estrecho de Gibraltar para la instalación de parques eólicos marinos pero mantiene, por ahora, la clasificación de Trafalgar como zona con posibilidades de explotación de esta energía renovable, tal y como quedó definida en diciembre en el primer informe para regular el sector en España.

La decisión se produce después de que el Estado haya estudiado las alegaciones de 86 administraciones públicas, organizaciones sociales y promotores al Estudio Estratégico Ambiental del Litoral para la Instalación de Parques Eólicos Marinos. De entre los requerimientos, el Gobierno sólo ha aceptado hasta el momento ampliar el espacio no apto para la instalación de aerogeneradores a todo el Estrecho: desde el Peñón hasta una hipotética línea entre los cabos de Trafalgar (Barbate) y Espartel (Marruecos), según el último documento de estudio ambiental firmado por Industria, Medio Ambiente y Pesca el 5 de marzo.

El límite original trazado por el Gobierno descartó las turbinas eólicas hasta el Cabo de Gracia, en el término municipal de Tarifa, para no interferir en la navegación de buques ni en las rutas migratorias de aves y cetáceos.

La nueva delimitación en el Estrecho, como la original, no afecta a ninguno de los proyectos de parques off-shore presentados para la costa de Cádiz, que se emplazan en paralelo a La Janda, al oeste de Trafalgar, y no al sur, espacio que queda ahora excluido del futuro mapa eólico marino.

Los productores con intereses en las aguas gaditanas ya habían valorado las dificultades de instalación de las turbinas eólicas en el Estrecho, el corredor con mayor incidencia del viento pero también uno de los enclaves con mayor tráfico marítimo del mundo. "Este nuevo paso de la Administración sigue demostrando que nuestra planificación era pormenorizada, correcta y respetuosa con los usos del mar, fruto de años de trabajo. Se confirma que el proyecto está situado en un lugar en el que no afecta ni a las migraciones de aves y de cetáceos, ni al tránsito de barcos", opinó ayer César del Campo, responsable de la iniciativa Mar de Trafalgar, respaldada por Acciona con la previsión de alcanzar una potencia de 1.000 megavatios mediante la instalación de 278 turbinas en aguas jandeñas.

La memoria ambiental del 5 de marzo, informe previo a la presentación del mapa eólico definitivo de las costas, mantiene intactas las posibilidades de que Trafalgar se convierta en espacio de instalación de aerogeneradores porque la costa sigue clasificada como "zona con condicionantes medioambientales" -aquellos espacios en los que los efectos o conflictos de los parques deberán ser analizados en la fase posterior de diseño del proyecto-. El documento da un paso más en esta dirección al desestimar, por primera vez, las reclamaciones presentadas por las agrupaciones de pescadores y administraciones locales y provinciales para que Cádiz quede excluido del mapa de explotación eólica.

En su análisis de las alegaciones recogidas en los procesos de consulta previa y de información pública del primer estudio, el Gobierno reseña que no se han aportado datos suficientes como para vetar la instalación de aerogeneradores en todo el litoral de la provincia.

Tres consorcios, liderados por los gigantes Acciona, Iberdrola y Capital Energy -también promotora de la planta de biodiésel de La Cabezuela- ya han presentado formalmente a la Administración sus proyectos para instalar parques de energía eólica frente a Trafalgar.