El fiscal archiva la denuncia de los acreedores de Jale contra el concurso

El fiscal superior de Andalucía ha decidido archivar la denuncia presentada por una asociación de acreedores de Jale, que entró en concurso en 2008 cuando había sido una de las empresas turísticas más potentes de Andalucía, y que pretendía que la jueza de lo mercantil en aquel tiempo, Nuria Orellana, fuera imputada por prevaricación.

Los perjudicados consideraban que la jueza podría haber actuado por otros intereses a la hora de tramitar a toda velocidad el concurso voluntario de esta sociedad que contaba con un activo de más de 700 millones de euros y que contaba con un millar de acreedores, que a día de hoy siguen sin haber visto un euro después de esta interminable gestión concursal.

El fiscal recuerda que unas interpretaciones erróneas, equivocadas o discutibles realizadas por el órgano judicial no suponen prevaricación, ya que para ello es necesario "una consciente aplicación torcida del Derecho. El mero error en la aplicación de las leyes no es base de responsabilidad penal para el que incurre en él".

Según el fiscal, nada de lo que relatan los denunciantes apunta a que existiera una intención "dolosa" en las decisiones de la juez, por extraño que fuera asumir un concurso de acreedores tan complejo en un plazo de tiempo tan escaso, cuando lo habitual es que estas tramitaciones lleven varias semanas. "Se trata de meras especulaciones deducidas de la rapidez en resolver una cuestión de trascendencia". Las actuaciones de la juez, se explica en el argumentario del archivo de este caso, tendría que haber sido objeto de recursos. En 2008 los acreedores consideraron esa celeridad por parte del juzgado como un buen síntoma, ya que supondría un reparto rápido que les permitiría recuperar parte de su dinero. Su sorpresa fue que los meses pasaban, y luego los años, y el dinero de Jale se iba en pagar informes, administradores, en cerrar negocios y en pagar los bancos. Los casi mil proveedores, a día de hoy, siguen sin haber visto un euro de ventas o trabajos facturados hace siete años y, en muchos casos, las empresas que representaban han tenido que echar el cerrojo.

El fiscal del TSJA no pone en duda ninguna de estas cuestiones a la hora de archivar el caso, pero también expone que "la dificultad de resolver algunos casos no puede considerarse una conducta delictiva".

Esta denuncia de los acreedores no es la única que han presentado ante distintos órganos judiciales. Incluso el hombre que puso en pie el Grupo Jale, y que ahora se encuentra en la más absoluta ruina, José Antonio López Esteras, ha creado algo parecido a una oficina en la que reunir todos los casos de empresarios que consideren que se hayan visto perjudicados por una actuación de los juzgados de lo mercantil contrarios a sus intereses y a los de los propios acreedores en el desarrollo de un concurso.

La asociación de acreedores de Jale ha contestado al archivo de esta primera denuncia con otra en la que denuncia una vez más a la juez, pero esta vez por "tardanza maliciosa" a la hora de destituir a los primeros administradores concursales, que se habrían atribuido cobros por encima de lo que dictamina la normativa a la hora de actuar en el caso. En esta denuncia se explica que "un grupo de empleados de Jale se reunieron con la juez y le entregaron documentos que reflejaban que los administradores concursales por ella designados, habían ordenado transferencias cuatro y medio millones de euros a cuentas bancarias de mercantiles que no tenían relación con el concurso, ni presentaban facturas de ello". Esto sucedió a principios de diciembre de 2010. Los administradores fueron suspendidos en octubre de 2011.