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La alcaldesa de Sanlúcar presume en pleno de la reducción de deuda y el descenso del periodo medio de pago

La regidora resalta el abono de sentencias laborales y subidas salariales del personal municipal como parte de la gestión económica

Las mociones sobre inmigración y nuevas instalaciones deportivas generan debate entre los grupos municipales

La Policía interviene en el pleno de Sanlúcar a petición de la alcaldesa: "Por favor, Señor agente, desalojen al PSOE"

El pleno municipal ordinario de febrero aprueba por unanimidad una de las mociones presentadas.

La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, ha realizado una valoración del pleno municipal ordinario celebrado en febrero, en el que el equipo de gobierno presentó distintos asuntos de carácter económico, organizativo y político. En el apartado económico, la regidora destacó la evolución de varios indicadores desde el inicio del actual mandato.

Según los datos trasladados al pleno, el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido de más de 50 días a 34,7 días. Asimismo, la deuda bancaria municipal habría descendido en casi nueve millones de euros, pasando de 60.342.000 euros a 51.338.117 euros. La alcaldesa subrayó que esta reducción se ha producido pese a la formalización de un préstamo superior a 3,4 millones de euros destinado a hacer frente a sentencias judiciales favorables a trabajadores de los planes de empleo de la Junta de Andalucía y a la empresa concesionaria del servicio de agua, Aqualia, relacionadas con la actualización del IPC en el precio del suministro desde 2016.

En materia de personal, el gobierno local informó de la resolución de los recursos vinculados a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, así como del abono de una deuda cercana a los dos millones de euros con la Policía Local y otros empleados municipales. También se indicó que se han aplicado o previsto las subidas salariales fijadas por el Gobierno central: un 0,5% en 2024, un 2,5% en 2025 y un 1,5% en 2026. Durante la sesión plenaria se aprobó igualmente una modificación presupuestaria para hacer frente al pago de una factura pendiente desde 2022 correspondiente al monumento LGTBI.

En el ámbito político, el pleno debatió una moción presentada por Vox sobre la regularización de inmigrantes. Según explicó la alcaldesa, el equipo de gobierno solicitó su retirada al considerar que abordaba competencias que no corresponden al Ayuntamiento. La propuesta fue finalmente rechazada por el resto de la Corporación.

También se trató una moción del PSOE relativa a la nueva sala de halterofilia del Complejo Polideportivo Municipal. La alcaldesa defendió que se trata de una instalación pública financiada con fondos públicos y, por tanto, destinada al uso general de los deportistas de la localidad.

En relación con demandas vecinales, el gobierno municipal señaló que se están atendiendo diversas peticiones, entre ellas actuaciones de mejora en la barriada El Palomar. Asimismo, se informó de la redacción del proyecto de rehabilitación de la sede vecinal de Pozo Nuevo, cuya ejecución está prevista para el próximo año.

El pleno, más tranquilo en líneas generales que los anteriores, sí tuvo momentos de tensión cuando el Partido Popular mostró algunas quejas relacionadas con la Policía Local y determinados complementos y premios recogidos en el convenio. Carmen Álvarez defendió que el Ejecutivo municipal continúa trabajando en el marco de la negociación colectiva y en cumplimiento de la normativa autonómica vigente.

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