Mañana abre en Grazalema la primera de las 14 oficinas creadas por el Gobierno para atender a los afectados por los daños de temporales
A estas se unen las dispuestas en las ocho subdelegaciones en Andalucía para ofrecer información y tramitar las ayudas aprobadas por el Gobierno de España, que ascienden a 7.000 M€
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El Gobierno de España abre mañana en Grazalema la primera de las 14 oficinas creadas con personal de la Administración General del Estado (AGE) para atender in situ a los afectados por los daños causados por las borrascas Leonardo y Marta en municipios de Andalucía, que se complementan con las dispuestas en las ocho subdelegaciones –una en cada capital de provincia--, y que ofrecerán toda la información necesaria y ayuda en la tramitación para solicitar las ayudas aprobadas por el Gobierno, que ascienden a 7.000 M€.
Esta primera en el municipio de Grazalema abre en estrecha colaboración con el Ayuntamiento y contando con personal de la Delegación del Gobierno en horario de mañana y tarde de lunes a jueves y el viernes por la mañana y técnicos municipales que establecerán un sistema de cita previa. La semana próxima se le sumará personal de Tragsa.
En la provincia gaditana abrirá sus puertas otras tres oficinas en San Roque, Jerez de la Frontera y Villamartín, al igual que en la provincia de Granada, que contará con tres oficinas en los municipios de Cenes de la Vega, Huétor Tájar y Órgiva, de manera que se pueda hacer frente a los expedientes que se prevén en función a los daños que han registrado ambas provincias.
En Jaén se han previsto dos, una en Cazorla y otra Orcera; dos más en la provincia de Málaga, concretamente en Benaoján y Casares; y otras dos en la provincia de Córdoba, en Palma del Río y Pozoblanco. Por último, la provincia de Almería también contará con personal especializado en la tramitación de las ayudas en el municipio de Cuevas del Almanzora. En todas ellas se contará con la colaboración de los ayuntamientos, con quienes se está en contacto con el fin de prestar el servicio más adecuado en función de las necesidades de la población y de los daños sufridos.
Las oficinas dispondrán de personal y medios de Tragsa para trabajar de forma integrada con el personal de la AGE y los técnicos de las administraciones locales.
“Estas oficinas van a trabajar con el objetivo de acelerar al máximo los trámites, de manera que los afectados, desalojados o los propietarios de los negocios que han sufrido pérdidas cuenten con los recursos económicos lo antes posible para retomar la normalidad, reconstruir sus viviendas o reflotar sus negocios”, ha asegurado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.
El personal que estará al frente de estas oficinas, y en las creadas dentro de cada subdelegación, “ofrecerá toda la información para que los damnificados puedan acogerse en su máxima amplitud a las distintas líneas recogidas en el Real Decreto-ley, aprobado en Consejo de Ministros del 17 de febrero, por valor de más de 7.000 millones de euros”.
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno, ha recordado que se incluye una nueva ayuda directa de 150 euros por persona y día para los ciudadanos desalojados por los temporales, se cuadruplican las indemnizaciones por fallecimiento e incapacidad, ayudas por daños materiales en viviendas y enseres, y se recogen ayudas para industrias o comercios. Todas estas ayudas tendrán efecto retroactivo y estarán exentas de tributación en el IRPF y Sociedades.
Además de medidas de apoyo, por más de 2.800 millones, para agricultores, ganaderos y pescadores, además de ayudas directas para autónomos y empresas de hostelería y comercios afectados.
Para los ayuntamientos, el Real Decreto-ley incluye, entre otros, un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas, para la reconstrucción y reparación de infraestructuras, y ayudas para recuperar el funcionamiento de servicios públicos esenciales.
También se determinó la exención en el IBI y reducciones en actividades económicas, junto a medidas laborales, como la prestación por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo, el despliegue de los ERTE por fuerza mayor o el aplazamiento y moratoria en las cuotas a la Seguridad Social.
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