La alcaldesa de Jerez inicia los trámites para cesar a Pacheco y López como ediles

En la mañana de ayer, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, solicitó a la Secretaría Municipal un informe jurídico sobre los efectos de la sentencia condenatoria contra Pedro Pacheco y José López, que les impide continuar siendo concejales del Ayuntamiento jerezano. La regidora de la ciudad fue taxativa al referirse este asunto: "La ley hay que cumplirla".

Tal y como viene informando este periódico desde el pasado fin de semana, la Ley de Régimen Electoral establece que no se puede ocupar un cargo público (en este caso el de concejal) si se ha sido condenado por uno de los delitos contra la administración pública recogidos en el Código Penal, aunque la sentencia no sea firme. Y Pacheco y López recibieron la semana pasada el fallo de la Audiencia Provincial con penas de prisión y de inhabilitación para el desempeño de cargo público por los delitos de prevaricación en concurso medial con uno de malversación de fondos públicos.

La alcaldesa se refirió ayer a este asunto señalando: "Si la ley dice que dos personas condenadas por delitos contra la administración pública no pueden ser concejales, con independencia de que la sentencia sea o no firme, hay que cumplirla; si no, al final la responsabilidad la podría tener yo". Por ello, explicó que en la mañana de ayer se ha encargado a la Secretaría Municipal un "informe jurídico" para conocer el procedimiento a seguir. En este sentido, la primera edil indicó: "Estamos viendo si ha sido notificada o no la sentencia a Emusujesa [la empresa municipal que intervino como acusación particular en la causa contra Pacheco y a López], si Emusujesa tiene que notificarla al Ayuntamiento, el procedimiento para hacerlo...". "Haremos lo que los servicios jurídicos nos digan", añadió.

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que si se produce una "causa de incompatibilidad" por parte de algún miembro de la corporación (y una sentencia con condena de inhabilitación para el desempeño de cargo público por prevaricación y malversación de caudales lo es) el pleno debe declararla. Precisamente, este viernes hay convocada una sesión pero aún no se sabe si la tramitación estará lista para ella. Tras ello, el afectado debe "optar en el plazo de los diez días siguientes a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad" a renunciar a su condición de concejal. En el caso de que no lo hiciera, transcurrido ese plazo, se declararía su renuncia de facto.