Prácticamente en el límite de tiempo, cuando se estaba decidiendo qué empresa se encargaba de derribar las naves de la antigua Delphi en Puerto Real, los administradores concursales que se encargan de gestionar el destino de estos suelos han retrasado esa decisión. El motivo, estudiar el interés que parece existir por parte de la iniciativa privada para instalarse allí. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al proceso, aunque no existe ninguna oferta en firme, sí se ha hecho llegar a los administradores la inquietud acerca de cómo llevar a cabo una posible instalación en la superficie de la antigua Delphi. Los administradores, por su parte, no han querido pronunciarse al respecto. Lo que también está claro es que ese interés llega de manos de empresas privadas. Ninguna administración pública ha movido ficha al respecto. En este movimiento podría tener mucho que ver la decisión del Ayuntamiento de Puerto Real de dividir la superficie de la antigua Delphi en cinco parcelas, de modo que pudieran ubicarse en ellas negocios más pequeños. Esta iniciativa fue aprobada en el último pleno municipal.

Tampoco queda claro si ese interés privado por ubicarse en estos terrenos chocarían con la parcela que ocupa Redelsur y que, como se recordará, ha acabado en los tribunales tras los problemas medioambientales detectados por la Junta de Andalucía y la posterior denuncia de su propietario.

Mientras tanto, los administradores tienen sobre la mesa las ofertas de, al menos, cinco empresas interesadas en derribar las antiguas instalaciones de Delphi. El objetivo, como se recordará, es vender esa chatarra y con el dinero obtenido pagar parte de la deuda aún pendiente con los acreedores.

Por otra parte, los ex trabajadores que continúan con su encierro en el edificio de los sindicatos de la capital gaditana han emprendido una nueva acción. Se trata de recopilar los datos de cada uno de los afectados con la intención de realizar ellos mismos un censo. El motivo, según han detallado, es "hacer ese censo de afectados por el incumplimiento del protocolo, ante la pasividad de la Junta para confeccionar ese censo".